El País 13/01/02
L. P. - Madrid
Desde hace ya casi una década el mundo asiste indiferente a una catástrofe de proporciones comparables a las de Bophal o Chernóbil. Ocurre lejos, en Bangladesh, y ocurre todo los días cuando cualquier habitante del este o del sur o de este país asiático bebe un vaso de agua o, lo que es lo mismo, su dosis letal de arsénico. La contaminación de las aguas subterráneas por este metal, de una toxicidad similar a la del plomo, afecta ya a más de 20 millones de personas. El Banco Mundial calificó la situación en 1998 como 'el mayor envenenamiento de población de la historia', pero la tragedia sigue aún sin alcanzar el honor de los grandes titulares. Tal vez esto cambie pronto: la organización no gubernamental Bangladesh International Action Network (BIAN), con base en Inglaterra, y otros grupos locales han conseguido que dentro de unas semanas un tribunal británico vea por primera vez el caso del arsénico.
El problema se remonta a casi 30 años atrás, cuando nació el país, y enseña una fatal ironía de la historia. En aquellos años acudieron a Bangladesh diversas agencias de ayuda internacional, con Unicef a la cabeza, con la sana intención de evitar las infecciones que provocaba el consumo de aguas estancadas. El objetivo era reducir el alto índice de mortalidad, sobre todo el infantil, causado por enfermedades como la disentería o el cólera, y para ello se inició un programa masivo de construcción de pozos artesianos.
El plan tuvo éxito pero a un precio muy alto: los niños salvados sufren horrendas enfermedades de adultos. A partir de 1993 -los efectos del arsénico tardan entre 8 y 14 años en hacerse visibles- se empezó a detectar una altísima concentración de ese metal en el agua, que fue confirmada dos años más tarde. Luego aparecieron los primeros enfermos. La gente de las aldeas empezaba a presentar manchas negras en la piel, endurecimientos en las palmas de las manos y las plantas de los pies, se dispararon los casos de conjuntivitis, bronquitis, diabetes y comenzaron a desarrollar tumores, gangrena e incluso cáncer.
Lo que los campesinos confundían con la lepra fue achacado por los científicos al arsénico, que recorría el sistema de agua potable de Bangladesh con concentraciones de hasta 2 miligramos por litro, 200 veces más de lo que admite la Organización Mundial de la Salud (OMS), EE UU y, desde 1998, la Unión Europea (0,01 miligramos por litro de agua). Sus efectos son letales. El BIAN estima que una de cada 10 muertes que se producen en Bangladesh se debe al arsénico y la propia ONU calcula que este metal puede ser responsable de la muerte de 20.000 bangladeshíes cada año. Y son 70 millones los que viven bajo esta amenaza.
La tragedia, según el consenso científico, tiene una causa natural: los altos niveles de arsénico en las formaciones geológicas de Bangla desh, sin parangón en otras partes del mundo. No obstante, otros expertos sostienen que el riego intensivo de los campos de cultivo y la utilización abusiva de fertilizantes ricos en fosfatos han contribuido decisivamente al problema. A este respecto, un biólogo español, que ha trabajado en la vigilancia periférica del desastre de Aznalcóllar y prefiere guardar el anonimato, explica que 'en tierras planas como las de Bangladesh y en terreno arenoso como puede ser el del delta del Ganges los metales se filtran con gran facilidad en los cauces subterráneos'. Y subraya: 'La aparición de arsénico es cada vez más frecuente y, por tanto, motivo de preocupación. Es además complejo de analizar, y su determinación, mucho más difícil que la de otros metales'.
Es justo este carácter reciente de la detección del arsénico la principal línea de defensa en el juicio que se avecina de la British Geological Survey (BGS), prestigiosa organización fundada en 1935, a la que el BIAN, entre otras agencias, acusa de negligencia en los análisis que realizó de la calidad del agua de Bangladesh en 1991-1992 por no seguir rigurosamente las normas de la OMS. En aquel tiempo, sostiene el BGS, se midieron 22 parámetros del agua, pero no se incluyó el arsénico porque 'hasta 1992 la comunidad científica no conocía el peligro potencial del arsénico en las aguas subterráneas'. Un portavoz de BGS, en declaraciones a este diario, restó el viernes importancia al juicio calificándolo de simple 'vista preliminar, para la que aún no hay fecha'. Tal vez. Pero según la firma de abogados británica Leigh, Day & Co, que lleva el caso, ante el tribunal 'se pueden presentar 2.000 demandantes' con una reclamación muy clara: el derecho a beber agua potable.