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Economia (BATX.) |
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JOSÉ ARANDA
Ingenuidad de la Constitucion
Cinco Días, octubre de 2003
Como el significado de las palabras està sometido a los valores dominantes y los de listeza, oportunismo y éxito son hoy dia objeto de tanta veneración, conviene aclarar que calificar a nuestra Constitucion de ingènua, como hiciera hace unos días Gregorio Peces-Barba, no significa seguir la moda imperante acusàndola de simple o irrealizable sinó que, muy al contrario, recupe-rando la acepción mas noble de la palabra ingènua, es consideraria obra de personas que actuaron confiadamente y sin reservas, basàndose en la buena fe de todos, sin recelar de que pu-diera interpretarse torcidamente cuanto habían redactado en nombre de un pueblo español que, ahora va a hacer 25 anos, suscri-bió los ideales constitucionales por abrumadora mayoría.
Interpretación torcida es, por ejemplo, considerar digno de elogio que unos pocos ganen ingentes sumas de dinero con la construcción, a costa de una población a la que el articulo 47 confiere el derecho a disfrutar de una vivienda digna y ade-cuada, para lo que los po-deres públicos regularan la utilización del suelo de acuerdo con el interès general para impedir la espe-culación.
Parecido sarcasme encontraràn quienes estan en paro, engrosan las cifras récord del trabajo precario o subempleados en relación con su capacidad y lean que el articulo 35 define el deber de trabajar, el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio. Si son mujeres, también se sentiran defraudadas si reparan en que ese mismo articulo manda que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo, y no digamos lo que pueden sentir las que, habiendo tenido que abandonar su empleo por falta de guarderías o servicios sociales, lean que el articulo 39 dice que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
Otras burlas a la Constitucion podrà apreciar quien, recordando la gestión del Prestige, lea en el articulo 45 la obligación de los poderes públicos por defender y restaurar el medio ambiente o quienes, conociendo la devaluación sufrida por la investigación, lean que el articulo 44.2 fija la obligación que tienen los poderes públicos de promover la ciència y la investigación científica y tècnica en beneficio del interès general.
Pueden encontrarse muchas otras interpretaciones torcidas, algunas tan peligrosas como apoyar una guerra, cuando la Constitucion ordena fortalecer unas relaciones pacíficas y de eficaz colaboración entre todos los pueblos de la Tie rra, o como desenterrar nacionalismos centrales o periféricos cuando la Constitucion, ya en su preàmbulo, fija como objetivos bàsicos la convivència y la so-lidaridad de los pueblos de España.
Quien pueda pensar que la Constitucion es vulnerable por su ingenuidad que se pregunte si no es precisamente esa cualidad la que hace invencible a don Quijote.
Economista y estadístico
Un caso que crea jurisprudencia
Cinco Días, lunes 13 de octubre de 2003
La sentencia del Supremo es consecuencia del empeño de 17 trabajadores de tele-marketing, quienes, hartos de ser despedidos de sucesivas empresas sin una mínima compensación, decidieron hace tres años denunciar su caso ante un juzgado de Barcelona. Tras varias sentencias contradictorias, el caso llegó al Supremo, quien es muy claro en su veredicto: los trabajadores deben ser readmitidos en la empresa matriz o bien indemnizados. Airtel (la empresa demandada) había contratado a una compañía de asistencia telefónica para la realización de una campaña de marketing telefónico.
Esta compañía, Difusió Telemarketing Grup (DTG), contrató a decenas de trabajadores con salarios medios de 130.000 pesetas brutas mensuales y categoría profesional de telefonistas. Cuando acabó la campaña, los empleados fueron despedidos sin derecho a otro puesto de trabajo en la empresa y sin indemnización. Airtel había facilitado el local para la ubicación de los trabajadores y también el equipo informático y telefónico. Además, controlaba y supervisaba ella misma a los teleoperadores e incluso les imponía sanciones.
El Supremo estima que en este caso se ha planteado el problema del ámbito de la cesión de los trabajadores frente a las contratas. Así, cuando la contrata se concreta en una prestación de servicios que tiene lugar en el marco de la empresa principal no es fácil diferenciarla de la cesión. Lo relevante en el caso de Airtel, que a partir de ahora creará jurisprudencia en otras demandas de este tipo, es que la empresa de telemarketing nunca se puso "en juego", según el Supremo, limitándose su actividad a la cesión ilegal de mano de obra.
Crítica a la Ley de Acompañamiento
Cinco Días, martes 14 de octubre de 2003
La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado llega todos los años al Parlamento tras cubrir algunos trámites, entre ellos la remisión al Consejo Económico y Social (CES) del anteproyecto inicial y la posterior adenda, para el preceptivo dictamen de este órgano consultivo del Gobierno. En torno a este proceso se ponen siempre de manifiesto hábitos políticos que son un tanto preocupantes.
El primero de ellos es la tantas veces denunciada costumbre de utilizar esta ley para masivas modificaciones de la legislación vigente, lo que, inevitablemente, acarrea cierta inseguridad jurídica a los ciudadanos.
Entre leyes, reales decretos y decretos lo enviado al CES -anteproyecto y adenda- afecta a nada menos que a 74. Las normas modificadas van desde las que regulan la energía nuclear, pasan por las de la función pública, siguen por las numerosas de la fiscalidad y, así sucesivamente, hasta llegar a leyes de título tan sugestivo como la de plantas y viveros.
Al Consejo Económico y Social se le otorgan diez días como máximo para que emita su dictamen, lo que, precisamente por la heterogeneidad de materias y la necesidad de conciliar hasta donde es posible las opiniones de las organizaciones sociales y económicas en él representadas, que son las más importantes del país, se convierte en un maratón digno de mejor causa. Para más inri, como también viene siendo habitual, el Gobierno remite la adenda una semana después del Anteproyecto, este año acompañada de un escrito en el que comunica que el plazo para dictaminarla cuenta desde la fecha que envío el anteproyecto. En otras palabras, reduce el plazo a 72 horas.
No hace falta decir que, una vez más, dicha adenda no se ha podido dictaminar. De todo lo cual se infiere que la proclamada participación de los agentes económicos y sociales en el Consejo Económico y Social para que, según la ley, se oigan sus opiniones y planteamientos antes de que el Gobierno adopte sus decisiones, queda convertida en un trámite burocrático, incompleto y frustrante.
Es necesaria la denuncia de estas prácticas no tanto por la mayor o menor disponibilidad de tiempo para dictaminar una Ley, sino por lo que significa de abuso por parte del Gobierno a la hora de modificar leyes muy importantes, así como por su falta de respeto a instituciones que tienen asignados cometidos relevantes en el entramado del que nuestra Constitución define como Estado social y democrático de derecho.
Lo tradicional ha venido siendo que, tras este trámite y el de la conversión del anteproyecto en proyecto de ley, se le incluyan algunas docenas más de modificaciones. Pero a los grupos del CES no les consuela pensar que el Gobierno trwialice también al Parlamento y a los grupos parlamentarios.
Miembro del Consejo Económico y Social
Redistribución fiscal
Cinco Días, 4 de noviembre 2003
La necesidad de recuperar la "dignidad" de los impuestos fue la principal conclusión a la que llegó el partido socialista francés en la pasada edición de su escuela de verano. No seguir prisioneros del discurso de la derecha que explícitamente afirma la imposibilidad de que ningún partido gane las elecciones si no asume en su programa la reducción impositiva, o al menos su congelación, es lo que han reivindicado los socialistas franceses. Hace tiempo que un partido mayorita-rio de la izquierda no decía que los impuestos directos no son una carga insoportable que es necesario aligerar, sino el justo precio de una sociedad responsable y deseosa de conservar un elevado nivel de cohesión social.
La subida de algunos impuestos indirectos anunciada por Ruiz-Gallardón no forma parte de la misma aspiración. Aunque las medidas adoptadas por el alcalde de Madrid chocan con el discurso de su partido, están en sintonía con la práctica del PP que, en los últimos años y según acreditados organismos internacionales, ha incrementado la presión fiscal.
En la práctica, los defensores de las rebajas fiscales no pueden seguir del todo la lógica que predican. Y aplican el aforismo de un ministro francés de la IV República: "Exigir menos al impuesto y más al contribuyente". Menos impuestos directos y más indirectos, antes llamados "indoloros". Blair, Raffarin y la mayoría de los Gobiernos (entre 1975 y 2000 la presión fiscal en los países de la OCDE ha pasado del 31% al 37%) hacen lo mismo que Ga-llardón y el PP.
Al tiempo que rebajan los impuestos directos, sobre todo los de los más ricos -con el argumento de que así conumirán más y crecerá, de esta forma, la economía-, aumentan la presión sobre el conjunto de los ciudadanos. Bajo la etiqueta de la reducción de impuestos practican una redistribución regresiva. La posición de la izquierda ha sido, históricamente, diferente. Ha mantenido que la reducción de impuestos y cotizaciones sociales se traduce invariablemente en deterioro de los servicios públicos y de la solidaridad social: rebajas en protección por desempleo, en pensiones, en calidad de la sanidad, del transporte, de la educación o del suministro eléctrico. Y que mejor que reducir impuestos a los de mayores rentas -lo que, en general, más que incrementar la demanda incrementa sus ahorros-seria dedicar esas cantidades a aumentar los salarios y las dotaciones sociales para los más desfavorecidos; lo que dinamizaría más el consumo, la inversión, la actividad económica y el empleo. Hoy, sin embargo, el discurso de la izquierda mayoritaria apenas si se diferencia, en este tema, del de la derecha. Algunos de sus expertos económicos parecen querer incluso ganar en ortodoxia fiscal a los conservadores (no sólo no subir los impuestos y perseguir el déficit cero, sino aplicar un tipo impositivo único y topar el gasto público).
La famosa revolución fiscal conservadora se reduce, al final, a cuatro cosas: trasladar a los entes locales la desagradable tarea de aumentar la presión fiscal, ventajas fiscales para empresas y rentas altas, redistribución fiscal en contra de la mayoría y acumulación de un gran déficit social (en protección social, infraestructuras y medio ambiente) para el futuro.
Miembro del Consejo Económico y Social Europeo
UE
El Gobierno español apoya
el recurso contra la suspensión del Pacto de Estabilidad
Agencias / MADRID / DUBLÍN (14-01-2004) Publicado en: CincoDías.com - Economía
El ministro de Economía, Rodrigo Rato, ha señalado
que la demanda de la Comisión Europea contra la decisión
del Consejo de suspender la aplicación del Pacto de Estabilidad
“puede tener consecuencias positivas”. España ya se mostró
contraria a la decisión adoptada en su día por el Ecofin
y que permitió que Francia y Alemania esquivaran las sanciones previstas
por haber elevado sus déficit por encima del 3%.
"Desde el punto de vista del Gobierno español
si esa decisión, y yo creo que va a ser una de esas consecuencias,
garantiza reglas transparentes e iguales para todos en un tema tan importante
como la coordinación de políticas macroeconómicas,
pues creo que es una decisión que puede tener consecuencias positivas".
Con esas palabras el ministro de Economía, Rodrigo Rato, se ha referido
a la demanda que la Comisión Europea va a plantear ante el Tribunal
de Justicia de la Unión.
El Ejecutivo comunitario pretende así que los jueces dictaminen que el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (el Ecofin) se extralimitó en sus funciones cuando decidió el pasado año suspender el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esta norma obliga a los países miembros a mantener sus déficit públicos por debajo del 3% so pena de una sanción económica muy dura, que puede llegar al 0,5% del PIB. La decisión de los ministros permitió a Francia y Alemania evitar la multa correspondiente por haber sobrepasado este límite.
Por su parte, el comisario de Economía, Pedro Solbes, ha reiterado hoy la importancia de garantizar un trato igualitario a los distintos países miembros en la aplicación de las normas del Pacto de Estabilidad. En una entrevista concedida a la Cadena SER, Solbes ha asegurado que la demanda no debe ser interpretada “en un esquema de confrontación, sino en un esquema de clarificación y de conocer los procedimientos”.
"Supongo que Francia y Alemania consideran que las decisiones del consejo (Ecofin) eran suficientes y que no hacía falta ir más lejos", reconoció Solbes. “Si pasamos meses, a veces años para discutir procedimientos y cuando llega el momento de la verdad el procedimiento no se respeta y se inventa sobre la marcha un procedimiento distinto para cada ocasión, ¿cuál es la naturaleza de ese debate previo y porqué damos tanta importancia a los votos, a las mayorías a la presentación de propuestas, al informe de uno u otro?”, argumentó.
Más que "parches"
El presidente del Ejecutivo, Romano Prodi, ha avanzado hoy que sus futuras propuestas en torno al Pacto irán más allá de "poner parches" a este instrumento económico, ya que entrañarán un nuevo "rumbo claro" para la economía europea. "De lo que se trata es de dar un rumbo claro a la política económica de la Unión Europea", declaró Prodi en conferencia de prensa.
En cambio, la Presidencia de turno de la Unión,
que recae en Irlanda, ha criticado la decisión de la Comisión.
"Hubiéramos preferido que la Comisión no tomara esta acción
particular", ha indicado el ministro irlandés de Finanzas, Charlie
McCreevy.
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