El año 1380, la crisis producida por la ávida política exterior del rey Pedro ocasionó el descontento popular contra los gobernantes. Dos mesas de cambio quebraron. En el ayuntamiento un grupo de ciudadanos ricos promovieron la reforma del gobierno municipal para conseguir su participación en el poder como medio para arbitrar soluciones y restablecer la prosperidad.
La mayor parte de los jurados del ayuntamiento se dieron cuenta del dominio exclusivo de los estamentos más ricos, por otra parte presionados por los gastos de las campañas militares en el Mediterráneo. Además, sus intereses no coincidían con los de la comunidad. Reformar el gobierno del ayuntamiento era un de los máximos deseos del pueblo. Si pudieran tomar parte en sus deliberaciones podrían procurar salidas con el fin de instaurar el progreso de todos los ciudadanos de Barcelona. Pero el patriciado negaba que hubiese alguna necesidad de nuevas ordenaciones.
Los ciudadanos ricos, juntamente con los rentistas y los grandes mercaderes, eran como las "vigas" de palacio, inamovibles. Lo único que "buscaban" los reformistas era conseguir la participación en el gobierno para intentar paliar la ruina de la población. Pero se constataba el desinterés de los patricios para con los problemas cotidianos de la comunidad. Así que los reformistas se organizaron contra su poder.
El partido de la reforma municipal era formado básicamente por gente del estamento mediano y del menor. Uno de los representantes, Guillem Deztorrent, presentó las propuestas en la asamblea: El motivo que les había llevado a montar una reunión se debía a la necesidad de luchar por el cambio en la política del gobierno de la ciudad. El mal gobierno de los ciudadanos ricos -los malos resultados de su gestión que, además, oprimía a los otros estamentos-, les impulsaba a exigir la reorganización del gobierno municipal y evitar la opresión de los barceloneses, sobre todo a los más humildes sobre quienes los actuales dirigentes hacían recaer todos los impuestos, forzando a muchos de ellos a la emigración hacia otras ciudades. Y si los ciudadanos ricos estaban tan interesados en no dejar el dominio del gobierno de la ciudad era para poder continuar cobrando las pensiones anuales de los censos. Impelidos, pues, por todos aquellos problemas convocaron una reunión con el fin de trabajar en la elaboración de un proyecto en capítulos que, si el rey los aprueba, se convertirían en la base de un privilegio destinado a democratizar el sistema tradicional.
En el proyecto se buscaba, por una parte, imponer una cierta igualdad entre los estamentos en el gobierno de la ciudad y en el sistema de elecciones. Y, por otra parte, exigir el saneamiento de la hacienda. Se exigía aún más: si la reforma supondría que los ciudadanos se dividirían en tres estamentos, era lógico que los concejales fueran seis y no cinco, con dos lugares para cada estamento. También, se pediría la supresión de la distinción del concejal principal, por una mayor participación de todos en el poder ejecutivo. Con la misma finalidad de más participación, pedirían que en algún capítulo se le dieran más atribuciones al Consejo de Ciento, cuya elección no habría de corresponder más a los concejales solos, sino juntamente con los cónsules de mar y los ciudadanos ricos de los oficios.
También, que se dedicasen capítulos a las medidas de control de la administración y la participación de todos los estamentos en los altos cargos reservados a los influyentes. Sólo una importante cuestión dificultaría la empresa: obtener el permiso real de reunión que significaría el reconocimiento oficial del partido reformista. No creyeron que fuese imposible porque el rey Pedro se había mostrado repetidamente partidario de implantar innovaciones, por medio de privilegios, dentro de las diversas corporaciones del reino, seguramente movido por el interés económico...
Como que disponían de mucha gente de los dos estamentos, tendrían que elegir dos procuradores para conferenciar con las autoridades. El día 24 obtuvieron el permiso real de reunión. Cuando esto llegó a oídos de los ciudadanos ricos, pusieron el grito al cielo. Reunidos con carácter de urgencia en el ayuntamiento, afirmaron que no podían aceptar de ninguna manera unos capítulos contrarios a su autoridad. Se opusieron a cualquier precio. Ante esta actitud y previniendo un posible enfrentamiento civil, el rey Pedro prohibió las elecciones de nuevos concejales e impuso unos nombrados por él, ninguno de los cuales tenía que ser superior a los otros. Con eso aplica una de las peticiones de los reformadores. Les quería dar un consejo asesor de doce coadjutores, donde los estamentos estuvieran representados por igual. Esta medida revolucionaria levantó las iras de los patricios (Carbó, Buçot, Dusai, Ros, Serra y Satria).
En aquel otoño y en el inicio del invierno dominó la crispación política. El día 5 de enero de 1387, las campanas de la ciudad y de todo el reino tocaron a muertos. El rey Pedro había fallecido. Por espíritu de contradicción y a causa de las luchas familiares, el heredero del trono, Juan I, se mostró partidario de los ciudadanos ricos, que le proporcionarían elevadas sumas a lo largo de su reinado. Los reformadores no tuvieron tiempo de imponer el cambio. Retornó el sistema tradicional con algunas ligeras modificaciones. El nuevo monarca, en un privilegio de 1388, rechazó la reforma radical.
Pero no todo se había perdido para los reformistas. No habían
ganado todo aquello que querían, pero algo se había
conseguido: por ejemplo, la ratificación de las ordenaciones hechas
por los concejales y el Consejo de Ciento a fin de cambiar el sistema de
elección de los regidores y garantizar el secreto.
