Enllaços

José Luis Gordillo, 1993.

I N D I C E
- Introducción

- Historia del reclutamiento y de la objeción

El Reclutamiento antes y después de la Revolución Francesa.
- Aproximación a la Historia Moderna de la Objección de conciencia.
- Objeción de conciencia, estado representativo y legitimidad del servicio militar.

Características comunes a las leyes de objeción de conciencia.

Objeción de conciencia y estado representativo.

Sobre el supuesto carácter insolidario de la objeción de conciencia.

Objeción de conciencia y legitimidad de la guerra en la era nuclear.

Del pacifismo accidental al pacifismo radical.

............................................................................................................................


INTRODUCCION

Algunos sociólogos militares, hacia el final de la década de los sesenta, comenzaron a llamar la atención sobre la existencia entre los jóvenes occidentales de un creciente sentimiento de desconfianza y animadversión hacia los ejércitos. La impopularidad de lo militar entre los jóvenes debía verse como un grave síntoma de la pérdida de la autoridad moral del ejército en tanto que institución de control social.
A principios de la década de los ochenta se confirmaba la profundización de las tendencias detectadas en la década anterior, y vaticinaba la progresiva implantación de ejércitos totalmente profesionales. Dicho fenómeno se debería básicamente a la necesidad de personal especializado exigida por los avances técnicos introducidos en el armamento y al declive de la legitimación del servicio militar obligatorio.
Este cambio de actitud, en sectores amplios de la juventud de los Estados de capitalismo industrializado, se ha traducido, entre otras cosas, en un lento pero constante aumento de los casos de objeción de conciencia al servicio militar.
A lo largo de este siglo, la objeción de conciencia al alistamiento militar ha sido reconocida como un derecho individual por varios Estados representativos. Diversas organizaciones internacionales (entre ellas la Comisión de Derechos Humanos de la O.N.U., el Consejo de Europa y el Parlamento de las Comunidades Europeas) han emitido resoluciones o recomendaciones favorables (aunque no vinculantes para los Estados) al reconocimiento de este derecho. Ahora bien, el reconocimiento jurídico de la objeción de conciencia como derecho individual no ha sido ni muchos menos pacífico.

El servicio militar comporta una serie de sacrificios personales e incluso un riesgo para la integridad física y psíquica de las personas que lo cumplen. Además, el servicio militar tiene como principal finalidad adiestrar a los jóvenes para que, llegado el caso, no duden en provocar la muerte de otras personas si así se lo ordena la autoridad militar.

Y ante una actividad de esta naturaleza no debería verse como algo excepcional, ni como una actitud propia de utópicos moralistas, que las personas susceptibles de ser reclutadas se formulen preguntas tan razonables como: ¿por qué debo aceptar estos sacrificios personales que me exige el Estado ? ¿por qué debo correr el riesgo de poner en peligro mi integridad física y psíquica o incluso mi vida ? Y la más importante desde el plano de la reflexión moral: ¿qué razones pueden justificar que yo aprenda a matar gente por orden de un superior ?

Tradicionalmente se ha fundamento el reconocimiento legal de la objeción de conciencia en el principio de la libertad de conciencia. Pero a partir de esta fundamentación se acaba concluyendo que el respeto y la protección de la libertad de conciencia es sólo una protección que puede ser subordinada si entra en conflicto con la protección de otros valores estimados como superiores o prioritarios: la vida, la libertad, la seguridad o los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de un Estado. Así se justificaría el carácter acusadamente restrictivo de las leyes sobre objeción de conciencia al servicio de armas.




HISTORIA DEL RECLUTAMIENTO Y DE LA OBJECION

EL RECLUTAMIENTO ANTES Y DESPUES DE LA REVOLUCION FRANCESA

Las novedades introducidas por la Revolución francesa en la organización, composición y legitimación de los ejércitos fueron varias. En primer lugar en dar prioridad al reclutamiento de las personas naturales de los territorios controlados por los Estados frente a la contratación de mercenarios. En segundo lugar en la apelación al principio de la "nación en armas" para justificar la obligatoriedad del servicio militar. Por último, en un crecimiento del tamaño de las fuerzas militares.

No es una innovación de la Revolución francesa, en cambio, la obligatoriedad del reclutamiento en sí misma. Algunas monarquías absolutistas ya habían impuesto a sus súbditos el reclutamiento forzoso, pese a que, en general, se tendía a la contratación de mercenarios extranjeros. Tampoco fue una novedad de la Revolución francesa que el servicio militar fuera "universal", como suele decirse. Esta supuesta novedad nunca existió por una razón obvia: las mujeres estaban excluidas de la conscripción impuesta tras la caída de la monarquía (aunque también se les asignara un papel en la defensa de la "nación").

La formación de ejércitos permanentes fue uno de los factores que influyeron más decisivamente en la centralización del poder perseguida por los monarcas absolutistas. Para justificar la acumulación de poder, los monarcas absolutistas apelaron a la idea de soberanía, de origen romano, según la cual a una comunidad debía corresponderle una única fuente de autoridad. Con la misma finalidad invocaron el "derecho divino" y se presentaron como personas elegidas directamente por Dios.
Pero uno de los obstáculos a los que hubieron de enfrentarse para alcanzar dicho objetivo fue la resistencia de los señores feudales a poner bajo sus órdenes las fuerzas militares que éstos reunían directamente.

Los monarcas absolutistas podían, en principio, recurrir a tres métodos diferentes para reclutar soldados: la coacción,a la comisión o el asiento. El primero consistía en el alistamiento forzoso de sus súbditos; el segundo, en el alistamiento voluntario a cambio de una paga; el tercer método consistía en contratar los servicios de un "asentador" o empresario militar, el cual se comprometía a suministrar un número determinado de soldados en un plazo acordado.

En términos generales, el alistamiento forzoso entró en desuso a partir del siglo XVI y no volvió a utilizarse masivamente hasta el siglo XVIII. Un ejército de mercenarios extranjeros constituía un buen antídoto contra los temores que suscitaba entre la aristocracia la posibilidad de armar a los campesinos de los propios territorios, que solían protagonizar revueltas y de cuya explotación dependía su prosperidad económica.

La fidelidad condicional de los soldados mercenarios, su temperamento a menudo anárquico, así como la necesidad de aumentar la eficacia de los ejércitos a medida que se introducían innovaciones en el armamento y en la táctica militar, fueron las principales razones que obligaron a dar mucha importancia al mantenimiento de la disciplina en los ejércitos del Antiguo Régimen. Para ello se idearon nuevas ténicas de organización interna tendentes a asegurar la obediencia ciega de los soldados. Muchas de esas técnicas se han mantenido hasta nuestros días.

Cuando las monarquías del Antiguo Régimen consiguieron afianzar su poder se decidieron a aumentar el cupo de reclutas forzosos. El ejemplo más significativo de esta tendencia lo constituyó Prusia, una de las primeras potencias militares del continente europeo en la etapa anterior a la Revolución francesa. El sistema, a partir de los decretos de 1732-1733, consistía en que cada regimiento tenía a su disposición la posibilidad de alistar a los hombres de una determinada región. Todos los hombres jóvenes debían registrarse en el regimiento y se podía recurrir a ellos en caso de que éste no pudiera cubrir el cupo de soldados mercenarios. Los jóvenes registrados obligatoriamente constituían una fuerza de reserva y todos ellos, con independencia de si serían o no llamados a filas, debían someterse obligatoriamente a ejercicios militares durante dos meses al año.


El reclutamiento tras la Revolución Francesa

En principio el ideario de los revolucionarios franceses no fue ni chovinista ni militarista, sino más bien universalista y explícitamente contrario al belicismo agresivo de las monarquías del Antiguo Régimen. La inclusión en la Constitución de 1789 del principio según el cual Francia se comprometía a no emprender jamás una guerra de conquista, equivalía a deslegitimar cualquier guerra que no fuera estrictamente defensiva. Los constituyentes de 1789 rechazaron el reclutamiento obligatorio y propugnaron la creación de un ejército de voluntarios. Los constituyentes de 1789, procedentes de la aristocracia ilustrada y de la alta y media burguesía, sentían la necesidad de defenderse de los partidarios nacionales y extranjeros del Antiguo Régimen, pero también contemplaban a las masas populares que habían tomado la Bastilla como una amenaza potencial a su recién conquistado poder político. En ese sentido, los constituyentes de la primera época de la Revolución sentían tantos temores ante la posibilidad de formar un ejército integrado mayoritariamente por personas de baja extracción social como la aristocracia del Antiguo Régimen.

Es importante subrayar que el ejercicio de los derechos políticos llevaba aparejado el requisito de inscribirse en la Guardia Nacional, pues muestra la relación de ambas cosas en el pensamiento de los revolucionarios franceses de 1789: eran los que podían pagar una contribución o "censo" equivalente al valor local de tres días de trabajo, lo cual les daba derecho al voto. Más tarde, en la etapa de la Revolución en la que los jacobinos se hicieron con el poder, se ampliaría el sufragio hasta alcanzar a los considerados hasta entonces ciudadanos pasivos y se implantaría la leva en masa.

Para los desarrapados, enrolarse en el ejército, además del reconocimiento como ciudadanos activos que ello implicaba, suponía también ejercer un poder -el que daban las armas- con el que satisfacer sus necesidades como grupo social. Éste era un objetivo que identificaban con los fines de la Revolución y por el cual estaban dispuestos a matar y a morir. La carrera militar, desde la primera época de la Revolución, ya no estaba reservada exclusivamente a las personas de origen aristocrático: se había convertido en una profesión más a la que se podía acceder demostrando el talento personal necesario.

También se estableció el principio de elección de los jefes militares que, no obstante, se llevó a la práctica de forma desigual. Para cubrir una parte de los grados superiores, los soldados designaban a tres candidatos entre los graduados de categoría inmediatamente inferior. Los oficiales de la misma clase eran quienes elegían al que debía ocupar el puesto. Otra parte de los grados superiores se elegía por antigüedad. Los generales, sin embargo, eran nombrados por el poder ejecutivo. ("La elección de los jefes particulares de los regimientos es derecho cívico de los soldados" y "la elección de los generales es derecho de la nación entera").



APROXIMACION A LA HISTORIA MODERNA DE LA OBJECION DE CONCIENCIA AL SERVICIO DE ARMAS.

En 1757, en la colonia británica de Pennsylvania aparece la expresión "objeción de conciencia" para referirse precisamente a la facultad de rechazar el reclutamiento militar por razones de fe religiosa. Resulta más probable que la expresión "conscientious objector" se utilizase por primera vez en Norteamérica, ya que muchos de los grupos religiosos que profesaban un pacifismo absoluto emigraron al Nuevo Mundo para huir de las persecuciones políticas o religiosas de que eran objeto en Europa. Durante la primera guerra mundial dicha expresión se popularizó y pasó a utilizarse para designar exclusivamente a la persona que se negaba a alistarse en el ejército por razones de conciencia.

En Europa, en los Estados Unidos o en lo que fueron colonias británicas como Australia o Nueva Zelanda, los antepasados próximos de los objetores de conciencia de la Gran Guerra fueron los miembros de determinados grupos religiosos heterodoxos surgidos a raíz de la Reforma protestante que, durante el proceso de formacióndel Estado moderno y de sus correspondientes ejércitos permanentes, profesaron creencias que les inducían a rechazar el uso de las armas y, en general, el ejercicio de la violencia física contra otras personas.

La "prehistoria" próxima del pacifismo contemporáneo puede contribuir a recordar la existencia de una actitud que desconfía de la supuesta función civilizadora de los Estados y de sus respectivos ejércitos permanentes.


La disidencia religiosa y pacifista en el Estado moderno

Los reformadores luteranos apelaron a los textos de la Biblia para justificar su rebelión contra la autoridad del papa. De ahí que invitasen a las personas a leer e interpretar personalmente los textos bíblicos. A partir de ese momento los sacerdotes perdieron autoridad como mediadores privilegiados entre Dios y los hombres. Se pasó a considerar que existía una relación directa entre ambos, por lo que la conciencia individual pasó a concebirse como la guía última de la propia conducta y de la de los demás. Surgieron así grupos o "sectas" que desafiaron la autoridad del papa de Roma y de las Iglesias reformadas, y también la autoridad de las nacientes monarquías absolutistas.

Los miembros de algunos de estos grupos o "sectas" adoptaron formas de vida sencillas y pacíficas inspirándose en el ejemplo de las primitivas comunidades cristianas, a las que consideraban el mejor testimonio de cristianismo "auténtico" frente a la degeneración y corrupción eclesiásticas. Por razones similares se negaron a ocupar puestos oficiales en los incipientes Estados, a reconocer a éstos algún tipo de potestad en materia religiosa o a empuñar las armas en su defensa.

RESUMEN

Desde el punto de vista de la historia de la cultura, el origen histórico del reconocimiento de la objeción de conciencia al servicio militar en el mundo moderno se encuentra en el valor de la tolerancia religiosa tras la Reforma protestante. De ser concebido únicamente como un acto realizado para alcanzar la "salvación individual", se pasó a asumir las consecuencias colectivas de ese acto y a encuadrarlo en una estrategia de transformación total de la sociedad.

Frente al pacifismo catastrofista, Tolstoi y los cuáqueros rechazan que la "salvación" de los hombres pueda darse después de algo parecido a la "segunda venida de Cristo a la Tierra". Sostienen que el "Reino de los Cielos" puede establecerse "aquí abajo" y que se encuentra ya germinalmente en la moralidad cristiana "innata" en el corazón de todos los hombres. Tolstoi cree que los actos realizados en función de unos determinados principios morales (entre los que se encuentra el de negarse al reclutamiento), pueden tener una influencia benéfica en la vida de la colectividad. Tolstoi pretende transformar radicalmente la sociedad entera; los cuáqueros se proponen solamente reformarla. En este sentido, el pacifismo de Tolstoi estaá muy próximo a una de las grandes corrientes del pacifismo no violento del siglo veinte, esto es, el pacifismo de inspiración gandhiana.

El pensamiento pacifista de Tolstoi puede verse como un puente intelectual y como uno de los eslabones más importantes de la evolución que va del pacifismo de las sectas surgidas tras la Reforma protestante -uno de cuyos rasgos más emblemáticos es la negativa a incorporarse al ejército de los Estados- hacia el pacifismo gandhiano que ha influido en buena parte de los objetores al servicio militar del presente siglo.

No obstante, Tolstoi y Gandhi siguen compartiendo con las sectas pacifistas dos características comunes: la fundamentación teológica de su pensamiento y la negativa a aceptar la distinción entre lo público y lo privado. Tanto en las sectas pacifistas como en Tolstoi y Gandhi, está presente la convicción según la cual sólo la virtud individual puede conducir a una vida pública en la que no esté presente el mal social. Y, por tanto, que la conciencia y la consecución de la virtud individual debía estar por encima de todas las órdenes del Estado.

En el siglo veinte, las diversas corrientes pacifistas influidas por el pensamiento y la acción de Gandhi han propugnado y practicado la acción no violenta para la consecución de objetivos claramente políticos como la independencia de la India, el reconocimiento de los derechos civiles de los negros norteamericanos, el mismo reconocimiento del derecho a objetar las obligaciones militares o, más recientemente, la creación en Europa de una fuerte corriente de opinión pública favorable al desarme nuclear y a la distensión entre los bloques militares enfrentados en la guerra fría.

Gandhi se esforzó, a lo largo de su vida, en explicar y mostrar en la práctica que la no violencia no debía conducir a separarse del mundo y desentenderse de los problemas sociales sino todo lo contrario, debía traducirse en una constante actividad pública, la cual, no obstante, debía estar limitada y ser coherente con el principio ético de la no violencia.

La concepción de la actuación no violenta como actividad con trascendencia colectiva consciente y buscada fue, precisamente, la que condujo a algunos pacifistas ingleses que se negaron a incorporarse al ejército durante la primera guerra mundial a rechazar la expresión "objetores de conciencia" para identificarse a sí mismos, al considerar que dicha expresión se había convertido para mucha gente en sinónimo de individualismo y pasividad frente a los problemas políticos o sociales.

Al acabar la Primera Guerra Mundial, los "warresister" (resistentes a la guerra) británicos, junto con pacifistas de otros países fundaron en Holanda en 1921 la War Resister's International ("Internacional de Resistentes a la Guerra").

Por otro lado, los pacifistas de inspiración exclusivamente religiosa (mayormente protestante) fundaron, a su vez y por la misma época, otra organización internacional: El Moviment for Inteernational Reconciliation ("Movimiento por la Reconciliación Internacional"), uno de cuyos miembros más conocidos fue Martin Luther King.

La intención política en el rechazo al servicio militar está aún mucho más clara en el antimilitarismo de inspiración marxista de un Karl Liebknecht, por ejemplo, el cual también propugnó la práctica de negarse a cumplir el servicio militar o la deserción durante la primera guerra mundial. El antimilitarismo marxista de Liebknecht o Rosa Luxemburg, así como el antimilitarismo de inspiración libertaria, también han tenido mucha influencia en buena parte de los objetores del siglo XX, a menudo en combinación con el gandhismo o el tolstoismo, aunque de estos tipos de antimilitarismo no se siguiese un rechazo general de la violencia armada.


OBJECION DE CONCIENCIA.
ESTADO REPRESENTATIVO Y LEGITIMIDAD
DEL SERVICIO MILITAR


CARACTERISTICAS COMUNES A LAS LEYES DE
OBJECION DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR.

Desde los tiempos de la aparición de los Estados modernos y de sus correspondientes ejércitos permanentes, existe constancia de algunas medidas administrativas o de decisiones ad hoc mediante las cuales se permitía, a modo de privilegio, la exención del reclutamiento forzoso a personas pertenecientes a las sectas pacifistas surgidas de la Reforma luterana. Pero es a comienzos del siglo XX cuando la objeción de conciencia al servicio militar comienza a ser reconocida por algunos Estados en normas jurídicas con rango de ley, y no ya, por tanto, mediante normas jurídico-administrativas o dispensas ad hoc.

Así sucedió primero en Australia en 1903, y le siguieron a continuación Nueva Zelanda en 1912, Sudáfrica en 1913 y tres años más tarde en Gran Bretaña en 1916 durante la Gran Guerra. En 1917 fue reconocido en normas con rango de ley por Dinamarca, Canadá y los Estados Unidos. Aunque en estos dos últimos Estados los motivos aceptados seguían siendo sólo los religiosos. Al acabar la guerra, la Rusia postrevolucionaria también reconoció jurídicamente la objeción de conciencia por razones de convicción religiosa, aprobado el 4.1.1919 y firmado de puño y letra por Lenin. Este Decreto mantuvo su vigencia, con una aplicación cada vez más restrictiva, hasta la aprobación de la ley del servicio militar de 1939 que lo derogó tácitamente.

Nuevas leyes sobre objeción de conciencia se aprobaron en varios Estados durante el período de entreguerras: en Suecia en 1920, en Holanda en 1921, en Noruega y en Finlandia en 1922. En todas ellas se aceptaban motivos no religiosos como fundamento legítimo de la negativa a incorporarse a filas. En Paraguay en 1921 y en Bolivia en 1936, sólo para los menonitas. En Uruguay en 1940.

La ulterior extensión del reconocimiento del derecho de objeción de conciencia se dio después de la segunda guerra mundial y en Europa principalmente: Austria en 1955, la República Federal Alemana en 1956, Francia y Luxemburgo en 1963, Bélgica y la República Democrática Alemana en 1964 (único estado del Este que lo hizo), Italia en 1972, Portugal en 1976 y España en 1976 mediante un restrictivo Decreto-Ley.

A partir de los datos contenidos en el informe de Amnistía Internacional publicado en enero de 1991, se puede afirmar que la inmensa mayoría de los Estados que imponen un servicio militar obligatorio no reconocen el derecho de objeción de conciencia; antes bien, quienes pretenden exonerarse del servico de armas por razones de conciencia son tratados, por regla general, como delincuentes comunes. Solamente quince Estados, en todo el mundo reconocen actualmente un derecho a la objeción que incluye además la alternativa de cumplir un servicio civil totalmente ajeno a la institución militar. Dichos Estados son: Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, República Federal de Alemania y Suecia.

En los quince Estados mencionados se exige la presentación de una solicitud ante un organismo administrativo o judicial para poder ser reconocido oficialmente como objetor de conciencia. esto es, un objetor al servicio militar no adquiere jurídicamente la condición de tal hasta que la autoridad estatal lo haya dictaminado. Solamente en los casos de Austria, Bélgica, Noruega y Portugal el Ministerio de Defensa o los miembros del ejército no participan de ninguna forma en los órganos o en el procedimiento de aceptación o rechazo de las solicitudes de los objetores.

Por otra parte en casi todos los Estados mencionados (la única excepción es Francia) el objetor debe exponer los motivos por los cuales rechaza su integración en el ejército en su solicitud. En España, Checoslovaquia, Finlandia, Italia, Noruega y Portugal, las leyes exigen que estos motivos sean de un tipo determinado (éticos, religiosos, humanitarios, filosóficos, pacifistas, etc). El organismo encargado de resolver las instancias decide si los motivos alegados por el solicitante se adecuan a los mencionados en las leyes. Lo cual implica que estos organismos necesariamente parten, para tomar su decisión, de unas determinadas concepciones acerca de lo que es la "ética", la "religión", el "pacifismo", lo "humanitario", lo "filosófico", etc. En los restantes Estados que reconocen la objeción de conciencia se establecen formulaciones genéricas que permiten alegar todo tipo de motivos.

Ahora bien, tanto en este último caso como en algunos de los Estados que determinan concretamente los motivos admisibles, se señalan una serie de condiciones negativas que deben cumplir los solicitantes.
En ninguno de estos Estados se admite la llamada objeción "selectiva", esto es, el rechazo al uso de determinadas armas (las de destrucción masiva, por ejemplo) o de determinados métodos de guerra (el bombardeo indiscriminado de civiles por ejemplo) o el rechazo a participar en determinadas guerras por razones políticas.

El establecimiento de estas condiciones negativas, así como la fijación de una serie de motivos tasados, lleva aparejado (con la única excepción de Francia) el establecimiento de procedimientos tendentes a verificar la sinceridad de lo declarado por el objetor en su solicitud. De ahí que, con frecuencia, se autorice a las instancias encargadas de resolver las demandas a indagar -de una u otra forma- en la vida privada del objetor y se exige que éste aporte testimonios o pruebas sobre la sinceridad de sus convicciones o sobre la coherencia entre éstas y su conducta personal. Asimismo, en algunos casos, se ordena que funcionarios civiles o policiales elaboren informes sobre la conducta del objetor.

La fijación de una serie de motivos tasados o bien la exigencia de una serie de condiciones negativas para aceptar los motivos alegados, constituyen limitaciones al derecho a la libertad de conciencia, limitaciones al derecho a la intimidad. Las dos cosas -limitaciones a la libertad de conciencia individual y/o limitaciones del derecho a la intimidad- se dan, juntas o separadas y con mayor o menor intensidad, en todos los Estados mencionados. Otra limitación importante consiste en la negativa a aceptar la solicitud de objeción durante el tiempo de permanencia en filas. Sin embargo, esto no puede considerarse una característica común a todos los Estados aludidos, aunque sí una característica que se da en la mayoría de ellos. Sólo Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Holanda, Noruega y Alemania aceptan las solicitudes de objeción presentadas durante el cumplimiento del servicio militar.

Lo mismo puede decirse por lo que se refiere a la duración del servicio civil en relación a la del servicio militar. No todos, pero sí la mayoría prevén la realización de un servicio civil sustitutorio con una duración más larga que la del servicio militar. Sólo tres países igualan el tiempo entre ambos: Portugal, Dinamarca e Italia desde 1989.

En España, la ley de 1984 autoriza al Gobierno a imponer una prestación sustitutoria cuya duración puede oscilar entre el 50 o 100 % más que la del servicio militar. Tras las últimas reformas legislativas del servicio militar, parece probable que en la práctica la prestación sustitutoria durará cuatro meses más que el servicio de armas. También constituye un factor disuasorio, ya que el menor tiempo del servicio militar es un incentivo para cumplir éste antes que el servicio civil y una sanción de hecho para los objetores de conciencia.

Todo lo anterior muestra que el ejercicio efectivo de la objeción de conciencia al servicio militar, a pesar de estar regulado con normas con rango de ley y haber alcanzado en bastantes países el tratamiento de derecho individual, se ve constreñido por una serie de importantes restricciones. Así, por ejemplo, ninguna de las normativas aludidas cumple todas las exigencias contenidas en las resoluciones del Parlamento Europeo del 7 de febrero de 1983 y del 13 de octubre de 1989 sobre objeción de conciencia.

a) la mera presentación de la solicitud debería ser suficiente para obtener el reconocimiento del status jurídico de objetor de conciencia.

b) debería contemplarse la posibilidad de declararse objetor antes, durante y después del cumplimiento del servicio militar;

c) la duración del servicio civil no debería ser concebida como una sanción para el objetor de conciencia.

Estas restricciones que se imponen a la objeción de conciencia al servicio militar no se dan en el caso de otros derechos.
No se impone la obligación de realizar algún tipo de prestación social sustitutoria al personal sanitario que se niega a practicar abortos por motivos de conciencia. En ninguno de los ordenamientos tiene que ser reconocida la condición de objetor por parte del Estado para poder ejercer el derecho. Tampoco se autoriza a realizar indagaciones para comprobar el grado de sinceridad de lo declarado por el objetor, etc.

Buena parte de la literatura que se ha producido desde el ámbito de la filosofía jurídica y política sobre este asunto tiende a justificar, en el marco de un Estado representativo, todas o algunas de tales restricciones, así como en general ese tratamiento de "tolerancia represiva" dado a los objetores al ejército.


OBJECION DE CONCIENCIA Y ESTADO REPRESENTATIVO.

La justificación moral, en primera instancia, de cualquier caso de objeción de conciencia descansa en el mismo principio en el que, en teoría, se basa la legitimidad de cualquier Estado representativo: el principio de la libertad de conciencia.

La formación del Estado fue concebida por el pensamiento ilustrado como una condición previa y necesaria para poder acceder a un estadio de la civilización en el que la vida humana estuviese garantizada y donde se respetasen los derechos llamados "naturales". Esta función civilizatoria, atribuida a la formación del Estado moderno, ya era un primer elemento que justificaba la obediencia a sus mandatos jurídicos, entre los cuales podía encontrarse, llegado el caso, el deber de matar y morir por la defensa del Estado. En teoría, obedeciendo a un Estado en el que todos participan en la formación de su voluntad política, en realidad, los individuos se obedecen a sí mismos. De esta manera, estaba justificado obligar a las personas a luchar en una guerra o disponer de ellas para un servicio peligroso si se cumplía un requisito previo: que sus representantes políticos hubiesen mostrado su acuerdo con dicha decisión.

En consecuencia, en tiempo de guerra lo más normal será que el gobierno restrinja el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia en función de la necesidad de disponer de hombres suficientes para el ejército. Se puede reconocer formalmente dicho derecho pero impidiendo, por la vía legal por supuesto, que rápidamente haya miles de objetores. También puede decidir hacer lo mismo en tiempo de paz por otras razones que no sean tan perentorias.

¿A qué se puede deber la disparidad tan notoria entre todos aquellos autores que definen la objeción de conciencia como un acto privado y apolítico y el punto de vista de otros autores o buena parte de los movimientos de objetores al ejército que aceptan o defienden la existencia de una objeción de conciencia por motivos éticos-políticos e incluso exclusivamente políticos?

La objeción de conciencia no es solamente la manifestación de una simple opinión, es también un acto. Y un acto con consecuencias para los demás. El acto de objetar consiste en negarse a formar parte del principal aparato de coerción del que dispone un Estado. Si en determinadas situaciones críticas ese acto es practicado simultáneamente por muchas personas, sus consecuencias colectivas pueden ser graves y decisivas, con independencia además de las intenciones subjetivas e individuales de todos y cada uno de los objetores. Y son en realidad estas consecuencias objetivas del acto de objetar las que parecen conducir a estos autores por razones claramente políticas a considerar conveniente, en el marco de un Estado representativo, la imposición de limitaciones al ejercicio de la objeción de conciencia.
Se muestran favorables al reconocimiento de la objeción de conciencia al servicio militar pero siempre y cuando quienes ejerzan este derecho no sean muchos. Y para que los objetores no sean muchos es preciso establecer una serie de mecanismos legales que dificulten su ejercicio real.

Si además de ser una forma de proteger la moralidad individual frente al Estado, la objeción de conciencia es un acto con trascendencia colectiva y en última instancia política, el derecho a la objeción de conciencia al servicio de armas reconocido jurídicamente también puede concebirse y ejercerse entonces como un derecho político.

Aunque en ese caso resulta difícil ciertamente encajarlo en los modelos teóricos de democracia representativa manejados por quienes la definen como algo privado y apolítico, porque implica que respecto a la política militar de los Estados son los llamados a filas quienes tienen la última palabra y no el gobierno del Estado en cuestión. Y según los modelos de democracia representativa utilizados habitualmente en la tradición liberal, la participación en la toma de decisiones se hace mediante el ejercicio de derechos tales como la libertad de expresión, el derecho de asociación y, sobre todo, mediante el derecho de voto, pero no negándose a formar parte del ejército.


Sobre el supuesto carácter insolidario de la
objeción de conciencia al servicio militar.

El deber moral de solidaridad "nacional" es uno de los fundamentos más habituales a los que tradicionalmente se ha apelado para legitimar el servicio militar obligatorio desde los tiempos de la Revolución Francesa.

De ahí parece fácil deducir, como se acostumbra a hacer, que lo que reclama el objetor en realidad es un "privilegio" pues se niega a asumir una carga que supuestamente se impone a todos por igual como consecuencia de la necesaria "solidaridad nacional". A partir de la misma premisa se podría afirmar que los objetores serían en realidad unos "aprovechados", pues se beneficiarían del sistema de la defensa de la comunidad en la que viven, pero al mismo tiempo se negarían a contribuir personalmente a él frente a los enemigos que supuestamente la pueden amenazar.

Pero para poder afirmar tal cosa debería ser incuestionable previamente que formar parte de los ejércitos por imposición del Estado sea en algún sentido un acto solidario y, para ello, debería ser incuestionable, a su vez, que la función real de los ejércitos haya sido alguna vez la de defender solidariamente a todos los miembros de una determinada sociedad.

Ser soldado implica estar dispuesto a matar y a morir pero no por decisión propia, sino por decisión de los mandos a cuyas órdenes se encuentre el soldado. De ahí que el principal cometido de todo ejército sea inculcar la "obediencia ciega" a las personas, de tal forma que éstos, de forma "cuasi-automática", no ofrezcan resistencia alguna a matar y a morir.

Una ojeada a la historia nos muestra que la aceptación de los sacrificios ha tenido que ver, principalmente, con la percepción que cada persona tiene de los beneficios individuales o colectivos que se pueden obtener a cambio de aceptar dichos sacrificios. Y estos "beneficios" han tenido que ver normalmente, a su vez, con la posición social de cada cual. De ahí que parezca ineludible relacionar la presunta legitimidad del deber de servir en los ejércitos con el amplio tema de la desigualdad social.
La misma formación, composición, organización interna y legitimación de los modernos ejércitos permanentes estuvieron intensamente condicionadas por la desigualdad social. El mismo factor desempeñó un papel muy importante en la introducción del servicio militar obligatorio en la etapa jacobina de la Revolución francesa. Y, por supuesto, la desigualdad social también continuó influyendo en la composición, organización y legitimación de los ejércitos después de la caída de los jacobinos.
Con la caída de los jacobinos y el retorno al poder de la burguesía moderada en 1795 se volvió a restringir el derecho al voto y los intereses sociales a los que sirvió el nuevo gobierno fueron los de la alta y media burguesía. No obstante, y a pesar de ello, se continuó manteniendo el servicio militar obligatorio.

La Comuna de París fue una experiencia histórica que, a los ojos de Marx, mostraba hasta qué punto era engañosa la retórica de las llamadas "guerras nacionales". El apoyo de las tropas prusianas en el aplastamiento de la Comuna mostraba cómo un ejército vencedor y otro vencido podían confraternizar "para masacrar en común al proletariado", y también, en palabras de Marx, que "la dominación de clase ya no puede ocultarse bajo un uniforme nacional.

Rosa Luxemburg insistiría en las mismas ideas durante la primera guerra mundial. Para la Luxemburg -en un artículo publicado en 1916-, cuando las clases dirigentes habían visto amenazado su poder político y social no habían dudado en olvidarse del "patriotismo" y solicitar la ayuda de tropas extranjeras para restablecer su orden. Así sucedió durante la misma Revolución francesa. Desde la primera guerra mundial hasta hoy se podrían citar muchos más ejemplos en los que se han dado situaciones análogas a las recordadas por Rosa Luxemburg; empezando por la colaboración estrecha entre generales rusos contrarrevolucionarios y tropas francesas, inglesas o norteamericanas durante la guerra civil que siguió a la Revolución de 1917 en Rusia; pasando por la intervención de unidades militares alemanas o italianas en la guerra civil española; y acabando por la colaboración activa de la CIA norteamericana en el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, en la invasión de Bahía de Cochinos, en la dirección y aprovisionamiento del ejército salvadoreño o de la "Contra" nicaragüense.

Además, las desigualdades sociales quedaron reflejadas en la misma organización del reclutamiento y en la estructura interna de los nuevos ejércitos de masas. Hasta bien entrado el siglo XX, en bastantes de los Estados en donde se implantó el servicio militar obligatorio, los poseedores de bienes y fortunas tenían la posibilidad legal de ahorrar a sus hijos el mal trago del servicio de armas mediante el pago en metálico de una cantidad al Estado o mediante la presentación de un sustituto. Asimismo quienes procedían de los estratos inferiores de la sociedad tendían a ocupar obviamente los estratos inferiores en los ejércitos. Y quienes ocupaban los puestos dirigentes como militares profesionales en los ejércitos tendían a pertenecer a los mismos estratos sociales que detentaban los puestos dirigentes en la industria y el Estado. Asimismo, las personas procedentes de las clases subalternas eran quienes más probabilidades tenían de ser la "carne de cañón" de las guerras y por lo tanto de pasar a engrosar las listas de bajas provocadas por los combates.

En los momentos de crisis social o política, ningún ejército del mundo se ha mantenido neutral frente a los conflictos sociales o políticos. La reciente historia de España es un buen ejemplo de ello. En realidad, a partir del momento en que se formaron los ejércitos de masas de acuerdo con el principio de la "nación en armas", las clases dirigentes de los diferentes Estados se enfrentaron al problema de tener que persuadir o coaccionar a las clases subalternas para que no se resistiesen a ser los peones de sus proyectos políticos y militares. En este contexto, la apelación al "patriotismo", a la "igualdad", a la "lealtad" o a la "solidaridad nacional", no tenían otra función que la de servir como ideologías autoritarias justificatorias del encuadramiento militar de las clases bajas.

Después de la constitución de partidos de orientación socialista o de sindicatos obreros y la conquista de determinadas libertades políticas, la burguesía necesitó hacer concesiones y pactos con las organizaciones obreras para intentar asegurarse su lealtad y su obediencia durante las guerras. Precisamente la comprensión de este problema fue una de las razones que llevó a Marx y Engels a valorar positivamente, desde un punto de vista estrictamente político, la progresiva implantación del servicio militar obligatorio en los países de capitalismo industrializado: la implantación de la conscripción era positiva porque permitía a los trabajadores recibir la instrucción militar que necesitaban para coronar con éxito la futura revolución social.
La ampliación del sufragio más el advenimiento del llamado "Estado del bienestar" en los países del capitalismo industrializado comportó, desde luego, una mitigación de las desigualdades jurídico-políticas y sociales. Y se dieron también las condiciones que hacían más creíble el discurso de legitimación del deber de servir en los ejércitos que tiene su origen en las revoluciones burguesas. Pero hay que subrayar que el "Estado del bienestar" mitigó las desigualdades sociales pero no acabó con ellas ni mucho menos. El final de la época de la energía barata junto con la ofensiva neoliberal de los años ochenta, entre otros factores, han cristalizado en un progresivo desmantelamiento del "Estado del bienestar" y, desde un punto de vista ideológico, en una auténtica apología de la desigualdad social. Pero si se rechaza la igualdad social, incluso como ideal deseable a conseguir en el futuro, ¿no es vistosamente incoherente, desde un punto de vista moral, exigir igualdad y solidaridad ante la muerte ?


Sobre el supuesto carácter antidemocrático, en la era nuclear, de la objeción de conciencia.


La enorme distancia entre el funcionamiento real de los Estados representativos y los abstractos modelos democráticos es particularmente evidente en todo aquello que hace referencia a la toma de decisiones militares. Desde los tiempos de la primera guerra mundial, como mínimo, se ha incrementado la tendencia de los Estados a no declarar formalmente las guerras y a seguir, por regla general, una política de hechos consumados en los asuntos militares. Por otra parte, la formación, tras el final de la segunda guerra mundial, de dos grandes bloques militares supuso un recorte en la soberanía de sus Estados miembros y también de aquellos Estados que se encontraban en la órbita de influencia de alguna de las dos grandes superpotencias.

Muchos movimientos populares de objeción de conciencia y de desobediencia civil surgieron y crecieron, entre otras cosas, por la incapacidad de los Estados representativos para responder y dar cauce a determinadas demandas sociales a través de los mecanismos legales de participación política, o bien por chocar frontalmente con las opacas e impenetrables estructuras militares que fueron creciendo tentacularmente durante la guerra fría en los Estados de capitalismo industrializado.



OBJECION DE CONCIENCIA Y LEGITIMIDAD DE LA GUERRA EN LA ERA NUCLEAR.

Si un Estado emprendiese acciones bélicas agresivas contra ciudadanos extranjeros, por muy democrático que fuera en su interior, con dichas acciones estaría violando hacia fuera un principio básico de la democracia, a saber, el principio según el cual los individuos afectados por las medidas que adopte un Estado deben participar previamente en el proceso de toma de decisiones. Ningún Estado tiene el más mínimo derecho a realizar una política militar ofensiva, por más que esté apoyada por el noventa y nueve por ciento de la población: esa inmensa mayoría es, en realidad, un conjunto de ciudadanos que no tienen justificación para vulnerar derechos ajenos mediante una política militar ofensiva. Nos topamos, pues, con una primera limitación a la fuerza legitimadora de la regla de las mayorías en la que supuestamente se fundamentaría la legitimidad del servicio militar.

Según algunos autores, la única causa que podría justificar reclutar hombres para una guerra sería la legítima defensa. Ahora bien, cuando se intenta definir lo que puede ser una política militar de "legítima defensa" en una era en la que varios Estados disponen de armamento de destrucción masiva, ¿no hay que aludir también a los medios más aptos para llevarla a la práctica ? No es posible considerar legítima desde ningún punto de vista la utilización del armamento nuclear. Las mayorías, de acuerdo con la teoría de la democracia, no pueden tomar decisiones cuyos efectos sean irreversibles para las generaciones venideras. Podría existir una futura mayoría de signo diferente (y que en el momento de tomarse la decisión pudiera ser todavía una minoría o simplemente no haber nacido). La seguridad del sistema ecológico y la paz representan en la actualidad, dos valores cuyo mantenimiento impone limitaciones al poder legitimador de las mayorías.

No se puede por tanto sostener la compatibilidad de una política de "legítima defensa" con aquellas estrategias militares que no descartan, ni siquiera en el plano puramente retórico, la utilización real del armamento nuclear. Así, se podría afirmar que, en un Estado representativo, la imposición del servicio militar podría estar justificada siempre y cuando no fuese utilizada para llevar a cabo una política agresiva contra otros Estados y en el bien entendido de que no sirviese para preparar y llevar a cabo ataques nucleares.


¿Es realista pensar en guerras justas libradas con medios humanitarios ?

La historia reciente muestra que la mayoría de los conflictos bélicos de esta centuria han acabado convirtiéndose en auténticas matanzas indiscriminadas. Las aproximadamente 207 guerras del siglo XX han provocado algo más de 78 millones de víctimas (más un sinnúmero de heridos, mutilados, etc.), seis veces más, por cierto, que las guerras del siglo XIX. De esta cifra, aproximadamente 35 millones han sido víctimas civiles, es decir casi la mitad, según un cálculo ciertamente conservador. Además, el número de civiles muertos en el transcurso de las guerras se ha incrementado desde el final de la segunda guerra mundial. Así tenemos que en las guerras modernas, resulta más seguro ser un soldado en el campo de batalla que un civil en la llamada retaguardia.

¿A qué puede deberse esa transgresión reiterada de los tratados de Derecho Humanitario bélico, y especialmente de la prohibición de no atacar o considerar objetivo bélico -aunque sea potencialmente- a la población civil ?

Es una ingenuidad sostener que siempre e inevitablemente el modo de hacer la guerra ha estado, está y estará totalmente subordinado y determinado por las decisiones políticas de los gobernantes. Lo que habría que presuponer, más bien, es que la lógica técnico-militar del modo de hacer la guerra reduce y limita el margen de maniobra de los dirigentes políticos para controlar el desarrollo y la destructividad de las guerras. El ejemplo más claro y más nítido que se puede poner de ello sería una guerra nuclear general. Su previsible desarrollo y sus aterradoras consecuencias difícilmente pueden concebirse como funcionales respecto de las necesidades de esta o aquella clase social, o de esta o aquella formación social. De hecho, una guerra nuclear general, sería, en realidad, un fin en sí misma y no guardaría ninguna relación con los planes y fines declarados previamente para iniciarla.

Si se tiene en cuenta esta idea -la mútua interacción entre el modo de producción, decisiones políticas y el modo de hacer la guerra-, entonces se dispone de una importante clave de comprensión que permite entender los motivos por los cuales, con independencia de la mala o buena voluntad de los dirigentes políticos de los Estados, la evolución de la "lógico técnico-militar" del modo de hacer la guerra ha sido un poderoso factor que ha contribuido a transformar la mayor parte de las guerras de este siglo en matanzas indiscriminadas.


DEL PACIFISMO ACCIDENTAL AL PACIFISMO RADICAL.

Evolución del modo de hacer la guerra desde el siglo XIX hasta la era nuclear.

La auténtica fractura histórica en el orden militar tradicional hay que situarla en la etapa comprendida entre 1840 y 1884. Durante ese período de los avances de la revolución Industrial, junto a la extensión de determinados cambios políticos, comenzaron a afectar de forma radical, profunda y generalizada a la organización y al equipamiento de las fuerzas armadas de los países industrializados. Los modelos de armamento, que habían permanecido prácticamente estables desde el siglo XVII, comenzaron a sufrir una serie de innovaciones técnicas a un ritmo vertiginoso. No incorporarlas al propio ejército significaba la derrota segura en el campo de batalla. Una de esas importantes innovaciones fue la producción en serie de armas ligeras.
Esto abrió la posibilidad de aumentar el volumen de producción de armas hasta extremos hasta entonces inimaginables y, por tanto, de armas a millones de hombres sin muchas dificultades ni excesivos costes, así como renovar en poco tiempo los viejos arsenales y adaptarlos rápidamente a los sucesivos avances técnicos.

El otro factor influyente en las transformaciones del poderío militar fue el desarrollo de los medios de transporte. A mediados de la década de los cincuenta del siglo pasado ya era posible trasladar con rapides inusitada toda clase de suministros y miles de soldados a puntos muy alejados de su lugar de origen.

Otra de las innovaciones importantes, que contribuyó a cambiar la naturaleza de las fuerzas armadas y de la guerra misma, fue el descubrimiento del acero y su posterior aplicación a la artillería y al acorazamiento de buques.

Por lo que se refiere a cambios políticos, en las últimas décadas del siglo XIX, tuvieron lugar las suficientes reformas institucionales y ampliaciones del sufragio como para conseguir una mayor, aunque relativa, homogeneidad política interna que favoreció la implantación del reclutamiento masivo sin peligros aparentes para el statu quo

Por esta razón, las transnformaciones en el poderío militar de los países industrializados tuvieron, a medio plazo, consecuencias de alcance planetario. Reducidos destacamentos de tropas de dichos países, bien pertrechados y mejor organizados, se encontraban en disposición de derrotar con facilidad a contingentes militares mucho más numerosos de Asia, Africa o América. Las mencionadas transformaciones se convirtieron, pues, en uno de los principales factores que determinaron la perpetuación y la expansión de la dominación colonial por parte de las potencias industriales europeas y, por consiguiente, la extensión del modo de producción capitalista a nivel mundial.

Precisamente la cuestión colonial formaba parte del transfondo en el que se desarrolló la carrera armamentista naval entre Alemania y Gran Bretaña, iniciada a mediados de la década de los ochenta. Sus motivaciones políticas más o menos explícitas fueron la pugna por la hegemonía en Europa, pero también la lucha por el control de las vías marítimas de acceso a las colonias. Esta carrera armamentista dio nuevos impulsos a la producción de armamento, dando lugar a la entrada de la gran industria privada en la producción bélica. En ambos países comenzó a darse el fenómeno del trasvase del funcionariado civil o militar, a la dirección de las grandes empresas navales, y viceversa. Ahí se encuentran los orígenes de lo que más tarde habría de recibir el nombre de "complejo militar-industrial".

Desde el punto de vista de la historia militar, la época de los ejércitos de masas alcanzó su punto culminante con la Gran Guerra, la cual bien puede considerarse el punto de llegada de todo este proceso de cambio y transformación en la organización, composición, estrategia y armamento de los ejércitos que se inició a partir de la revolución Francesa y la Revolución Industrial.
En una guerra moderna, tan determinante es la situación en los frentes militares como lo que sucede en la retaguardia civil. Por lo tanto, el desenlace de las guerras no depende ya exclusivamente de la actuación de los ejércitos, sino también de la participación de la población civil en el mantenimiento de la actividad económica en general y de la producción de armamentos en particular, así como de su capacidad de soportar los sacrificios impuestos por la guerra. Por ello, se considera que la "naturaleza" de los conflictos bélicos modernos ha eliminado la distinción entre combatientes y no combatientes.

Pero si en la guerra moderna la voluntad popular de colaborar y participar en el esfuerzo bélico se ha convertido en uno de los elementos decisivos de su desarrollo y de su desenlace, atacar directamente a la población civil del enemigo puede ser también una de las formas más eficaces de recuperar la capacidad ofensiva e incluso de alcanzar rápidamente la victoria. De ahí que el objetivo de las guerras futuras no debería ser la total destrucción del ejército adversario, sino preferentemente destruir, mediante el terror, lo que eufemísticamente se denomina la "resistencia moral de la Nación enemiga".

En consecuencia, la población no combatiente se ha constituido en objetivo preferente de los ataques aéreos. Según algunos teóricos militares, dada la atrocidad de tales acciones, las guerras se decidirían en un corto período de tiempo y, por lo tanto, producirían menos víctimas que las guerras en las que el estancamiento en los frentes había favorecido la prolongación interminable de las hostilidades. Pero para asegurar la victoria era asimismo necesario preservar la unidad interna de la propia población ante la eventualidad de que el enemigo intentara a su vez "despedazar" su resistencia "moral". Una forma eficaz de impedirlo era la implantación de un régimen político que asegurara la "unidad de mando" y, por consiguiente, la obediencia y la disciplina de toda la población.

Los habitantes de Guernika, Madrid, Barcelona, Varsovia, Rotterdam, Londres, Berlín, Dresde, Hamburgo, Tokio y de otras muchas ciudades y pueblos padecieron durante la guerra civil española y la segunda guerra mundial, los experimentos de estos teóricos militares de la guerra aérea. Los habitantes de Hiroshima y Nagasaki padecieron su aplicación más espantosa. Y, dicho sea de paso, quienes más sufrieron intensamente los efectos de los bombardeos fueron los trabajadores urbanos. Un informe sobre los efectos de los bombardeos masivos realizados durante la segunda guerra mundial contiene lo siguiente: "Tanto en Alemania como en Londres, el bombardeo adoptó un comportamiento indecentemente clasista. Los barrios de la clase obrera, de población más densa, recibían toda la fuerza de las bombas; los distritos de los ricos, situados en los extrarradios, se salvaron a menudo".

La bomba atómica superó en destructividad a todos los medios conocidos. Pero no fue solamente una consecuencia espantosa y miserable del cinismo político de los dirigentes norteamericanos, sino también la aplicación más espectacular y terrible de una estrategia militar compartida por los dos bandos enfrentados en la segunda guerra mundial. Y el pensamiento estratégico de la segunda guerra mundial no es nada más que la aplicación de las soluciones dadas por determinados estrategas militares que prescinden de principios éticos o jurídicos.

Las tesis de estos teóricos de la guerra aérea inspiraron directamente la estrategia de la disuasión nuclear adoptada por los dos bloques militares que se formaron pocos años después de acabar la guerra. La supuesta eficacia de la disuasión nuclear, en el enfrentamiento entre los EE.UU. y la URSS, se fundamentaba en la amenaza de utilizar unas armas especialmente diseñadas para matar rápida y masivamente a civiles indefensos. Por consiguiente, y dado su potencial destructivo, mediante la simple amenaza de utilizarlas ya se podía aterrorizar a la población civil del adversario, lo que, a su vez, permitía "jugar" política y militarmente con dicha amenaza.


ALGUNAS BUENAS RAZONES A FAVOR DE UN PACIFISMO RADICAL.

La formación de ejércitos de masas de acuerdo con el principio de la "nación en armas" y mediante la implantación del servicio militar obligatorio, la fabricación industrial y en serie del armamento, su cada vez mayor poder destructivo como consecuencia de la aplicación a la actividad militar del saber técnico-científico y la participación directa o indirecta de toda la población en el esfuerzo de guerra, plantearon unos problemas técnico-militares que los estrategas intentaron "superar" mediante la matanza indiscriminada de civiles. Y, al fin y al cabo, si la guerra se convierte en un asunto en el que, de una u otra forma, toda la población está implicada, ¿no es cierto acaso que la voluntad popular se convierte en un elemento determinante del desenlace de las guerras ? Y si esto es verdad, ¿por qué no atacarla, si se disponen de los medios técnicos para poder hacerlo rápida y eficazmente ? La conclusión es obligada: la destrucción de un ejército moderno requiere la destrucción de la sociedad moderna.

Algunos grupos de científicos, en los años cincuenta, siendo totalmente conscientes de la especial responsabilidad que ellos mismos tenían en el descubrimiento y producción de las armas nucleares ya afirmaron que la existencia del armamento de destrucción masiva debía conducir no a establecer claramente cuándo una guerra podía considerarse justa o injusta, sino a pensar de un modo nuevo con el objetivo último de conseguir la abolición de la guerra de toda guerra.
Las crisis personales de algunos de los científicos que habían participado en el Proyecto Manhattan (Primera bomba atómica) abrieron una brecha profunda en la conciencia de la comunidad científica internacional. El poder político intentó reaccionar con la campaña "átomos para la paz". Estos científicos se preguntaban: "¿en base a qué podía justificar ahora el científico nuclear su trabajo? ¿Podía considerarlo como un trabajo puesto al servicio de algún ideal?".

De todas las reflexiones, destaca, por su contenido y por el impacto que tuvo en la opinión pública, el Manifiesto "Rusell-Einstein". El Manifiesto se dirigía principalmente a la comunidad científica y comenzaba constatando que la humanidad atravesaba una situación trágica como consecuencia del desarrollo de armas para la destrucción masiva. Los signatarios del Manifiesto consideraban absolutamente imprescindible un cambio cualitativo en la visión tradicional de la eficacia y la utilidad de la guerra como medio para resolver los conflictos entre los humanos : "¿Debemos poner fin a la especie humana, o deberá la humanidad renunciar a la guerra ?".

A continuación calificaban de ilusoria la esperanza de aquellos que confiaban en poder prohibir primero las armas nucleares para poder seguir utilizando después la guerra como medio para resolver los conflictos ya que, a pesar de ser posible un acuerdo de prohibición en tiempos de paz, éste no tendría ninguna validez en tiempo de guerra y los dos bandos se dedicarían a fabricar bombas atómicas tan pronto como estallaran las hostilidades, pues si un bando las fabricara y el otro no, el primero alcanzaría rápidamente la victoria.


Pensar de un modo nuevo para desinventar la guerra.

El armamento de destrucción masiva no surgió en el vacío histórico, sino que ha sido, al mismo tiempo, efecto y causa de la evolución del modo de hacer la guerra y, más en concreto, de las diversas concepciones de la "guerra total" que negaban validez a la distinción entre combatientes y no combatientes. Si se tiene esto en cuenta y si se tiene en cuenta la lógica "técnico-militar" que se pone en funcionamiento cuando estalla una guerra, entonces parece más fácil comprender por qué cada guerra, después del seis de agosto de 1945, plantea un riesgo totalmente desconocido con anterioridad a dicha fecha: el riesgo de que a raíz de una guerra "limitada", intencionalmente no nuclear, se desencadene una escalada que conduzca a una guerra nuclear. En la era nuclear, con cada nueva guerra, por decirlo así, la humanidad está tentando su suerte. Si hemos de escapar de catástrofes inimaginables, debemos encontrar una vía de evitar todas las guerras, sean grandes o pequeñas, sean intencionalmente nucleares o no.

Aunque, claro está, los dirigentes políticos y militares de los Estados han intentado, por todos los medios, hacer creer a sus poblaciones que ellos disponen de los medios y los métodos necesarios para "controlar" los niveles de escalada militar

Ahora, tras la desaparición del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética, puede que, de momento, las llamadas guerras regionales o "limitadas" no sean tan peligrosas. Sin embargo, cada nueva guerra contribuye, al menos, a incrementar otro riesgo directamente relacionado con el anterior: el riesgo de que éstas se conviertan en estímulos para la proliferación de armamento de destrucción masiva. El bando perdedor de cualquier guerra siempre puede llegar a la conclusión de que la posesión de armamento de destrucción masiva le puede conducir a la victoria en una guerra futura, e incluso que le puede convertir en invulnerable desde un punto de vista militar. De ahí el anacronismo de toda doctrina de la guerra justa. En una época en que la humanidad dispone de los medios técnicos para autodestruirse y en la que toda guerra incrementa el riesgo de que éstos sean utilizados o proliferen, se debería abandonar definitivamente todo intento de legitimar las guerras. La reflexión, por el contrario, se debería orientar en la línia de averiguar los pasos que deberían darse para abolir o desinventar la guerra como medio de resolución de los conflictos entre los humanos.

Reconocer como algo sensato, razonable y conveniente a medio plazo para la supervivencia de la humanidad, el objetivo de desinventar la guerra no equivale a desconocer, al mismo tiempo, que se trata de un objetivo muy difícil de alcanzar. Y la historia de nuestra especie constituye un buen recordatorio de ello.

En el contexto actual lo irrazonable, lo infundadamente optimista, lo ingenuo, lo ilusorio, lo utópico, lo que constituye un auténtico despropósito, es sostener, por activa o por pasiva, que la persistencia de la guerra no supone una seria amenaza a la supervivencia de la humanidad. En este contexto adquiere un valor positivo la paz entendida incluso simplemente como "no guerra", además de como supresión de las causas políticas, económicas o sociales que pueden crear un clima belicista potencialmente legitimador de la guerra y de la existencia de ejércitos.

La experiencia bélica de este siglo nos debería sugerir que no resulta tan fácil escapar a esa "lógica técnico-militar", que condujo, por ejemplo, a algunos Estados que combatieron al nazismo y a sus aliados, a llevar a cabo matanzas de civiles que presuponían, por activa o por pasiva, la adopción del mismo desprecio por la vida humana inherente al pensamiento racista del nacionalsocialismo. La primera utilización de la bomba atómica se inspiró en las ideas de estrategas como Douhet, es decir, de un admirador del fascismo., pero la bomba atómica no la fabricaron los nazis, sino un Estado con democracia representativa, aunque inicialmente muchos de los científicos que participaron en el Proyecto Manhattan lo hicieran precisamente por temor a que los nazis la construyeran primero.

Gandhi fue muy consciente de esa "lógica técnico-militar" y de ese "proceso de retroalimentación mútua", que se pone en funcionamiento cuando estalla una guerra, y de adónde podía conducir su reproducción indefinida. Con motivo del lanzamiento de las dos bombas atómicas, Gandhi escribió que eso mostraba cómo "... una bomba no puede ser destruida por otra bomba, cómo la violencia no puede ser eliminada mediante la violencia".

Gandhi también fue muy consciente de los dramáticos dilemas que todo esto planteaba a aquellos que no quisiesen permanecer pasivos ante las injusticias políticas y sociales. Gandhi preconizó intervenir en los asuntos públicos "de otra manera", intentó proponer y poner en práctica "otra forma de hacer política". Su propuesta fue la no violencia activa. El dirigente hindú sabía perfectamente que proponer la no violencia activa como método para luchar contra la opresión y la injusticia suponía, a corto plazo, el sacrificio consciente y voluntario de, tal vez, decenas de miles de personas. Pero Gandhi, como Tolstoi, pensaba también que esos sacrificios podían tener un fuerte y eficaz significado moral y simbólico y que podían conducir al bando agresor a reconsiderar su actitud por motivos de piedad y compasión; es decir, y dicho muy simplificadamente, para Gandhi, no se trataba de vencer por la fuerza al enemigo, sino de intentar convencerle persuasivamente mediante el testimonio del propio sacrificio.

Claro está que la validez de la no violencia depende de ciertas virtudes que deben tener aquellos contra quienes se emplea. Cuando los indios se tumbaban sobre las vías del ferrocarril y desafiaban a las autoridades a ser arrollados por los trenes, los británicos consideraron intolerable semejante crueldad. Pero en situaciones análogas, los nazis no tuvieron escrúpulos.

Ahora la razón también nos indica que las cosas son mucho más complicadas que en los tiempos de la segunda guerra mundial. Un nuevo Hitler, por ejemplo, agudizaría mucho más el dilema. Frente a un nuevo régimen nazi con armas nucleares, ¿cómo nos podríamos defender sin utilizar nosotros a su vez armamento atómico, aunque sólo fuese como arma disuasoria ?, y si la utilizásemos como arma disuasoria, ¿no correríamos el riesgo de reproducir otra vez todos los peligros que ya se han dado con la guerra fría entre la OTAN y el Pacto de Varsovia ? Algo muy similar se podría decir, en realidad, de cualquier conflicto bélico entre Estados industrializados, con independencia de si son dictatoriales o representativos.

También es preciso tener en cuenta la intensa interdependencia que existe actualmente entre todas las regiones del planeta y en el hecho de que estamos entrando en una etapa acelerada de la historia de la humanidad en la que se sucederán grandes cambios y transformaciones a nivel mundial. Estas transformaciones tienen que ver con las nuevas tecnologías, la explosión demográfica en la región Sur del planeta, las alteraciones en el clima mundial, la inseguridad alimentaria de buena parte de la población del planeta, las crisis energéticas o los cambios geopolíticos. Hay que dar por sentado que esta etapa va a ser muy conflictiva y que vamos a asistir a grandes catástrofes, lo cual la convertirá en un terreno abonado para que los conflictos derivados de los múltiples problemas globales se acaben transformando en conflictos armados. Cada uno de ellos supondrá nuevos riesgos de utilización o de proliferación del armamento de destrucción masiva.

Los bien alimentados habitantes de las metrópolis industriales sólo podemos impugnar de buena fe la resistencia armada de los pobres que luchan por salir de la tiranía y la miseria, si previamente hemos hecho todo lo posible por debilitar las líneas de abastecimiento de armas o los apoyos económicos o diplomáticos que dichas juntas militares reciben normalmente de los gobiernos de los Estados industrializados, y si previamente hemos denunciado además la criminalidad directa del comercio de armas entre loe Estados industrializados y los gobiernos de los no industrializados.