Ofensiva contra el tabaco en el trabajo

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobarán mañana, en el seno del Consejo Interterritorial, el plan nacional de prevención y control del tabaquismo 2003-2207, que establece una serie de plazos para conseguir que dentro de cuatro años todos los centros de trabajo, públicos y privados, sean considerados “espacios libres de humo”; es decir, no se podrá fumar en ellos, salvo en los lugares habilitados especialmente para los fumadores. Para ello existe el compromiso de no escatimar gastos a la hora de lanzar campañas informativas sobre las consecuencias de este hábito y que recuerden a los fumadores pasivos su derecho a vivir y trabajar en un ambiente saludable.

El texto que mañana recibirá el visto bueno definitivo, tras casi tres años de estudio, fija que antes de que acabe este 2003 deberá erradicarse el humo del tabaco de todos los centros educativos y sanitarios, así como de los organismos públicos. La prohibición de fumar en los centros citados ya existe desde 1988, a través de un real decreto que permitió liberar de humo consultas médicas y aulas de colegio, pero no se ha conseguido erradicar por completo el tabaco del conjunto de los espacios establecidos. Por ello, el Ministerio de Sanidad y las comunidades vigilarán ahora estrechamente que la normativa sea aplicada a rajatabla. Para ello establecerán una red de inspección en la que estarán implicadas, incluso, las fuerzas de seguridad del Estado.

El segundo objetivo que se marca este plan es que, antes de que finalice el 2005, en todas las empresas o entidades que presten un servicio al ciudadano o bien atiendan al público nadie encienda un pitillo. Además, las distintas administraciones esperan que para entonces el 70% de las empresas privadas, de acuerdo con los trabajadores, hayan dispuesto espacios para fumadores y que en el resto no se fume. Según un portavoz del Ministerio de Sanidad, en los últimos meses el número de empresas que han colgado el cartel de “prohibido fumar” ha aumentado notablemente ante la concienciación de que el humo del tabaco mata tanto al fumador como al no fumador.

Finalmente, el texto fija el 2007 como año límite para que el tabaco desaparezca de todos los centros de trabajo, objetivo que las administraciones creen que conseguirán en un porcentaje muy elevado. Las multas para quienes incumplan el plan deberán ser establecidas por cada comunidad autónoma.

Además de la erradicación del tabaco en los centros de trabajo, el plan, que Sanidad y las comunidades deberán ir incorporando y desarrollando paulatinamente en sus ordenamientos jurídicos, tiene como objetivo evitar el consumo del tabaco en los menores. Por ello, se eleva de 16 a 18 años la edad para poder comprar tabaco. Asimismo, se prohíbe la venta de cigarrillos sueltos y las cajetillas de 10, más económicas y, por tanto, más asequibles para los más jóvenes.

En esta línea, se obligará a los fabricantes de las máquinas expendedoras de tabaco a incorporar mecanismos que identifiquen la edad del comprador, con la introducción, por ejemplo, de una tarjeta con los datos del comprador. Las máquinas que no identifiquen la edad del comprador serán retiradas en el 2007.

Asimismo, el texto establece la obligación por parte del ministerio de elaborar una normativa que prohíba la publicidad del tabaco en los medios de comunicación y en todos aquellos ámbitos que actualmente tienen a los jóvenes como protagonistas.

La ministra de Sanidad, Ana Pastor, insiste en que este conjunto de medidas tiene como objetivo defender a los no fumadores y atajar el consumo entre los jóvenes, y no “perseguir” y “estigmatizar” al adicto a este producto, al que en el texto se considera como un “enfermo”. Precisamente por eso, el plan establece la obligatoriedad del Estado de proprocionar al adicto al tabaco medicamentos para deshabituarse y que estos estén financiados por Sanidad. La Agencia de Tecnología Sanitaria está estudiando qué técnicas y qué procedimientos son realmente efectivos para ayudar al fumador a dejar ese hábito.

El plan establece que para sufragar la puesta en marcha de todas estas medidas las comunidades aporten 0,25 euros per cápita, mientras que el Estado deberá poner un porcentaje, aún no estipulado, de los impuestos que recauda del tabaco. Este porcentaje podría ampliarse si finalmente el Ministerio de Economía accede a subir el precio de este producto, como demanda la ministra de Sanidad.

Artícilo aparcido en La Vanguardia el 12-ene-03