2005-15
10è ANIVERSARI

titol

Relacions CATALUNYA-ESPANYA, a través d'alguns articles històrics (II)

Josep Benet: “Onze de setembre”
Hoja del Lunes, 11 de setembre de 1978

Anys de resistència. Tot semblava perdut aquell any 1939. La desfeta de Catalunya era total. El gran escriptor català Gaziel ho constatava amb aquestes paraules: “Res no ha quedat en peu del que era nostre: ni el govern, ni les institucions, ni la cultura, ni la llengua, ni tan sols la senyera. Només ens resta, com un tros trossejat i sense ànima, la nostra vençuda terra catalana. Sí, hem perdut; Catalunya ha perdut”.
En aquella tràgica situació, en que la pèrdua de les llibertats autonòmiques a Catalunya i Euzkadi coincidia amb la pèrdua de les llibertats democràtiques a tot l’Estat espanyol, va arribar la Diada de l’Onze de Setembre d’aquell any 1939. El primer Onze de Setembre de la postguerra, viscut en plena repressió. Els vencedors havien suprimit el monument a Rafael Casanova, segons deia la premsa de l’època, “para que no sirva de pretexto a desviaciones separatistas y antinacionales”. Conservar en el propi domicili petites estàtues de Rafael Casanova era considerat delicte... Però, tanmateix, aquell Onze de Setembre se celebrà, no s’interrompé del tot la tradició. Uns ciutadans coratjosos aconseguiren de col·locar unes flors a l’indret d’on havien suprimit el monument a Rafael Casanova. Alguns foren detinguts. Foren els primers detinguts de la llarga cadena de detencions dels Onze de Setembre de la postguerra.

No perdre l’esperança. Enllaçar el passat amb el present i el futur. Conservar la història pròpia. Recordar i homenatjar aquells que, en el transcurs de la història, lluitaren i es sacrificaren per tal de recobrar les llibertats nacionals catalanes perdudes. Continuar el seu combat per una Catalunya lliure. Heus ací allò que inspirà els nostres Onze de Setembre de la postguerra, mai no interromputs.

Anselmo Carretero: "Razón de los estatutos"
El País, 16 de setembre de 1981

Desde los años cincuenta, dijimos y repetimos con insistencia que la peor herencia que Franco dejaría a España sería el problema de las nacionalidades, porque las cuatro décadas de su dictadura lo habían enconado gravemente. Lo ocurrido después es cosa de todos los españoles sabida por vivida. Hoy resulta lugar común en nuestro país lamentar el embrollo de las autonomías, con justificada razón, pues las improvisaciones y los trapicheos políticos, de que algunas de nuestras más viejas e ilustres regiones han sido víctimas, a partir de 1978 han enmarañado el asunto con manifiesta torpeza. Aunque sea brevísimamente, trataremos aquí de examinar la cuestión desde su misma base. ¿Por qué y para qué son en España necesarias las autonomías de sus diversas regiones históricas? Un rápido análisis nos muestra que dos grandes razones lo exigen ineludiblemente: una, de validez general y naturaleza política; otra, específicamente española y radicalmente nacional.

El estado descentralizado y las autonomías regionales son formas de gobierno y administración pública en principio más democráticas y eficaces que el centralismo estatal, porque acercan el poder al pueblo y hacen la gestión del interés común más asequible a los ciudadanos. El regionalismo -y más aún el federalismo- implica una concepción del estado superior al unitarismo centralista que tantos daños ha causado a España. La concentración de los poderes públicos en un solo gobierno, con sede en la capital, ejercido con rígido criterio unitario e insaciable afán de absorción, llegó en el Estado español durante el franquismo a extremos nunca antes alcanzados, causando todo género de estragos (políticos, económicos, culturales...), especialmente en las regiones menos atendidas (el caso de la provincia de Soria es uno de los más impresionantes). Nada tiene, pues, de extraño que se haya extendido entre los españoles un amplio sentimiento anticentralista y que en 1978 se considerara necesario introducir en la nueva Constitución las bases de una España de las autonomías.

Otra, profundísima, razón -concretamente española y más que de índole política de condición nacional- que en España impone, dentro del marco constitucional vigente, la necesidad de las autonomías regionales es la naturaleza misma de la nación española. Porque España no es una nación homogénea, como lo son otras muchas naciones, sino una entidad nacional muy compleja y varia, una comunidad o familia de pueblos a ninguno de los cuales conviene el gentilicio español más ni menos que a cualquiera de los restantes; conjunto que ya en la Edad Media recibió el nombre plural de las Españas, y que hace tiempo definimos como una nación de naciones, concepto al que se acerca el art. 2 de la Constitución, según el cual la nación española está integrada por diversas nacionalidades y regiones.

Nacionalidades o regiones históricas

Galicia, Asturias, León, Castilla la Vieja, el País Vasco (Álava, Vizcaya y Guipúzcoa como unidades histórico-políticas independientes), Navarra, Aragón, Cataluña, Extremadura, Castilla la Nueva (antiguo reino de Toledo), las islas Baleares, Valencia, Murcia, Andalucía y las islas Canarias -aparte de Portugal, desprendida del antiguo reino de León en el siglo XII y hoy estado independiente son las quince nacionalidades o regiones históricas que, a partir de la llamada Reconquista y con mayor o menor relevancia, ocupan el territorio y la escena histórica de España. Todas ellas auténticas creaciones de la historia nacional -la más antigua del siglo VIII, la más reciente del XV-, no artificiosos inventos del Estado español, como de algunas a la ligera se ha dicho, y todas igualmente españolas, cualesquiera que sean su asiento geográfico y su particular cultura.

Tan manifiesta es la personalidad propia de cada uno de estos diversos pueblos, que fácilmente se perciben en ellos mayores diferencias que las a primera vista observables entre otros que hoy constituyen naciones independientes (entre un gallego y un valenciano, o entre un vasco y un andaluz, por ejemplo, se advierte de inmediato mayor contraste que entre un sueco y un noruego, o entre un argentino y un uruguayo). Diversidad que, no obstante, todas las presiones uniformizadoras (políticas, administrativas y culturales) ejercidas sobre los españoles por el centralismo estatal, éstos se mantienen fieles, a través de los siglos, a sus respectivos gentilicios regionales (asturianos, vascos, andaluces, catalanes, extremeños ... ), firme y entrañablemente arraigados en la conciencia nacional. Esta pluralidad histórica y natural, considerada por algunos como grave mal de la nación que es preciso extirpar, constituye para quienes concebimos a España en su cabal integridad uno de sus más ricos tesoros espirituales, digno del mayor respeto y de amorosa protección.

Por otra parte, la permanente convivencia en el suelo de la Península; la multimilenaria historia conjunta; la lucha por la independencia frente a invasores extranjeros, frecuentemente integrados a la larga en el conjunto español; la participación en empresas comunes, venturosas unas, in faustas otras..., han creado al correr de los siglos una conciencia, unos sentimientos y una voluntad comunitaria entre todos los pueblos de España que, por encima de sus diferencias, constituyen la base histórica y el principal fundamento humano de la nación española. Porque las naciones son criaturas que la historia pare tras lenta y complicada gestación. Y su base y su razón última están en la conciencia que de pertenecer a ellas tienen los individuos que las componen; convivencia colectiva que se mantiene sobre todo de la memoria histórica.

Tradiciones opuestas

Desde la Edad Media se han encontrado en España dos tradiciones opuestas. Una pluralista y federativa, con tres ramas diferentes: la vieja Castilla, propiamente dicha, y sus vecinas y aliadas, las comunidades vascongadas (Álava, Vizcaya y Guipúzcoa), a ella voluntariamente unidas; los países de la corona catalano-aragonesa (Cataluña, Aragón, Valencia y las islas Baleares), y Navarra, que se unió a la corona de León y Castilla en el siglo XV, conservando su condición de reino por sí. Esta tradición, de muy viejas raíces, se manifiesta en el siglo XIX en dos campos políticos opuestos: el carlismo foral y el republicanismo federal.

Otra concepción de España, unitarista y centralizadora, es la heredada del imperio visigodo, que, a través de la monarquía neogótica, nacida en Covadonga, se extiende ampliamente por el suelo peninsular, pasa al imperio español, y tiene un anacrónico y fugaz rebrote pseudoimperial en la primera etapa del francofalangismo. La nación española viene así enredada, desde hace siglos, en una permanente contradicción entre la naturaleza plural y varia del país y sus comunidades históricas, y el régimen centralista y homogeneizador que las oligarquías dominantes han tratado de imponerle.

Grave daño a nuestra tradición pluralista autóctona fue la introducción en España de la idea francesa del Estado nacional, originada en el absolutismo borbónico y desarrollada, con otra filosofía política, por el jacobinismo republicano y el imperio napoleónico. Una nación: un Estado, una lengua, una sola ley, una sola bandera, un Gobierno centralizado. Deslumbrados por el brillo de la Revolución Francesa, nuestros progresistas del siglo XIX creyeron, en general, que todos los pueblos del mundo debían seguir el modelo nacional parisino. Error que muy caro hemos pagado. La división de España en provincias, a imitación de los departamentos franceses, establecida por un simple real decreto de 1833, alteró arbitrariamente en algunas regiones los límites tradicionales de las viejas comunidades, para crear nuevas entidades administrativas, sembrando así el germen de conflictos que hoy vienen a complicar más la confusión provocada por nuevos proyectos regionales concebidos con excesiva ligereza.

Vinculación a la idea federal

España necesita una idea de la nación acorde con su propia, naturaleza, imposible de hallar en modelos extranjeros incongruentes, con nuestra historia y nuestra realidad nacional, que conciba la integridad de la patria como unión de sus diversos pueblos en el aspecto a la personalidad y el Gobierno interno de cada uno de ellos; y una concepción federal del Estado, porque el federalismo es el régimen político que mejor armoniza la unión con la diversidad; la solidaridad de conjunto con la particularidad de los elementos que lo componen. Nuestro país está intrínsecamente vinculado a la idea federal por la naturaleza misma de la nación española. Si hay alguna nación en el mundo -hemos dicho en otro lugar- que, por su naturaleza, su geografía, su historia y su cultura, requiera un Estado democrático de estructura federal firmemente trabada, ninguno más que España.

La Constitución de 1978, que define a España como integrada por diversas nacionalidades y regiones, y reconoce a todas ellas el derecho a la propia autonomía, aunque no está basada en una concepción federal del Estado, contiene los principios necesarios para una buena solución del gran problema de nuestra complejidad nacional. De acuerdo con ella, los estatutos de autonomía son los instrumentos jurídicos que las nacionalidades o regiones históricas de España necesitan para la protección de su particular identidad.

Extender y consolidar el Gobierno democrático en todos los ámbitos del país. Respetar la personalidad de todos los pueblos hispanos y ayudar al desarrollo de sus respectivas culturas afirmando, a la vez, la integridad del conjunto español. Tales son las razones fundamentales de los estatutos que la Constitución de 1978 acertada mente establece. La primera se articula en torno a elementos objetivos (geográficos, económicos, legales...); la segunda, se basa en valores humanos no mensurables (memoria histórica, conciencia y voluntad colectivas de muchedumbres humanas ...). En la apreciación de aquélla, conviene tener en cuenta la opinión de los expertos; en el enfoque de ésta, puede ser desastroso el consejo de tecnócratas carentes de adecuada sensibilidad

Font: Joan SAFONT: CATALUNYA-ESPANYA  (Extractes)
http://www.elnacional.cat/ca/cultura.html