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La evaluación democrática es un balance de lo que se ha realizado y que abarca toda la acción de gobierno, incluida la dimensión de los valores, y el uso de los recursos públicos.

 

Esta evaluación comprende cinco ámbitos centrales: sistema de bienestar, agenda laicista, convivencia y cohesión social, gestión autonómica, deterioro de los valores morales y éticos.

 

Se pretende llevar a cabo un cambio de mentalidad de los ciudaddanos hacia el laicismo y el relativismo ético, e introduciendo esta ideología en el sistema educativo, corrompiendo a niños y a jóvenes.

 

La participación de la sociedad civil es fundamental y ha de significar algo más que votar y apoyar un programa de gobierno.

 

Una alternativa a la situación actual ha de poner de relieve cuáles son los nuevos valores y plantear con seriedad una regeneración y rearme moral.

 

Ante el deterioro de los valores morales es necesario crear unas bases éticas comunes, que sitúen la dignidad de la persona en el centro de la ética social y de la acción política.

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Mirando al futuro: retos y exigencias

El 75% de los ciudadanos desaprueba la gestión del actual Gobierno

Por Mercedes Aroz, 20/10/2010

La ex senadora del PSOE analiza la etapa actual del gobierno socialista a través de: la situación actual de la economía y el sistema de bienestar, la agenda laicista, el estado de la convivencia y la cohesión social, la gestión autonómica, y el deterioro de los valores morales y éticos en la sociedad española

Mercedes Aroz: “El político católico debe ante todo representar y defender los valores fundamentales del ser humano.”

 

La grave situación de España, con el consiguiente desplome del partido del Gobierno en las encuestas sobre intención de voto, y la proximidad de tres procesos electorales que se iniciarán en Cataluña el 28-N, seguido de los comicios municipales y autonómicos en mayo de 2011 y que finalizarán con las elecciones generales como máximo en el plazo de un año y medio, está comportando un análisis general y la evaluación de la etapa del actual gobierno socialista. Etapa considerada ya finalizada tanto en España como en Cataluña respecto al gobierno tripartito de la Generalitat, éste último, corresponsable de la acción de gobierno a nivel español por la decisiva contribución de los partidos que lo componen a garantizar una mayoría parlamentaria y el apoyo a las políticas gubernamentales.

Es tiempo para la evaluación democrática de toda la acción de gobierno

La evaluación es una acción democrática y una forma de participación social cuando intervienen además de los políticos, los medios de comunicación, la sociedad civil y el conjunto de los ciudadanos destinatarios de las políticas llevadas a cabo. La evaluación democrática es un balance y un juicio de lo que se ha realizado a partir de los resultados, que abarca toda la acción de gobierno, incluida la dimensión de los valores, y el uso de los recursos públicos.

Pues bien, los resultados de la gestión del actual gobierno que desaprueba el 75% de los ciudadanos son objetivamente muy negativos. El ámbito en el que estos resultados son más visibles es en la economía, fruto de una política inadecuada y de una gestión negligente de la crisis, con cinco millones de desempleados según la EPA y ninguna expectativa de recuperar un nivel de crecimiento económico que permita a corto plazo reinsertar laboralmente a estas personas, que paulatinamente se irán quedando sin subsidio de desempleo. Detrás de las frías estadísticas hay mucho sufrimiento de las familias -casi un millón tienen todos sus miembros en paro-, y un aumento aún no cuantificado de la pobreza, pero que constatamos a través del incremento espectacular de la asistencia solidaria de las organizaciones católicas, que hay que recordar necesitan cada vez más medios para atender a unas demandas crecientes.

Pero la evaluación ha de llegar a todos los aspectos de la realidad y de la acción de gobierno. Señalo cinco ámbitos centrales: 1) La economía y el sistema de bienestar, 2) La agenda laicista, 3) La convivencia y la cohesión social, 4) La gestión autonómica, 5) El deterioro de los valores morales y éticos en la sociedad española.

arozEn relación a la economía y el sistema de bienestar, hay que considerar no sólo el fracaso de la gestión -lo que se ha hecho-, sino también lo que debería haberse hecho aprovechando la etapa de bonanza por la herencia recibida, y no se hizo. Me refiero a reformas para fortalecer la frágil estructura productiva española (que pone de manifiesto la tasa de paro del 20,5%, la más alta de la OCDE y 12 puntos superior a la tasa media situada en el 8,5%), e impulsar un nuevo modelo de crecimiento tras la quiebra del basado en la construcción y la especulación inmobiliaria. También hay que incluir la sostenibilidad económica del sistema de bienestar que plantea retos ineludibles, esencialmente en relación a la demografía -lo que requiere mejorar los índices de natalidad españoles-, el elevar nuestra tasa de empleo y la productividad -componentes clave en el crecimiento económico a largo plazo- y mantener el equilibrio presupuestario.

El Gobierno español no ha hecho ninguno de estos deberes. Tampoco tomó las medidas necesarias ante la crisis financiera lo que puso en riesgo la estabilidad del euro y llevó a la UE a exigir que se adoptaran. Se están llevando a cabo ahora tarde, mal y de forma injusta haciendo recaer el peso de la reducción del déficit sobre pensionistas y trabajadores del sector público.

Hay que poner el foco también especialmente en lo que ha sido la prioridad gubernamental: la agenda laicista, desarrollada a través de una legislación que podemos denominar “leyes de cambio de modelo de sociedad” dirigidas a cambiar la mentalidad de la sociedad española hacia el laicismo y el relativismo ético, e introduciendo esta ideología en el sistema educativo -reeducando, desorientando, manipulando, controlando, corrompiendo a los niños y a los jóvenes-. En estas leyes hay vulneración de derechos fundamentales y libertades, y un debilitamiento de instituciones socialmente valiosas (matrimonio y familia) que conlleva una desestructuración de la sociedad. En definitiva, significan un retroceso democrático que requiere ser corregido mediante la derogación o la reforma, en cuyo caso ha de ser el referente la legislación del resto de los países europeos.

La Ley que pone de manifiesto con toda claridad la afirmación anterior en cuanto a vulneración de derechos fundamentales es la Ley del Aborto, Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que hace urgente su derogación. Se vulnera el derecho a la vida al garantizar el aborto libre hasta la semana 14 de gestación (art. 14), además de mantener los supuestos de la Ley de 1985 hasta las 22 semanas y en determinados casos sin límite (art. 15). Se viola el principio de neutralidad ideológica del Estado y se vulneran los derechos de los padres en la educación moral de sus hijos con la introducción en el sistema educativo de la ideología abortista de esta ley y de la ideología de género (art. 5). Asimismo, el principio de autonomía universitaria y el derecho a la objeción de conciencia de los estudiantes al prescribir la formación médica en la práctica del aborto (art. 8 a y b). Se impide el libre ejercicio del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios (art. 19.2). Se introduce un falso derecho humano al aborto (art. 12).

El tercer aspecto a considerar es el de la convivencia y la cohesión social que se han resentido seriamente a causa de la grave división producida por las leyes de cambio de modelo de sociedad y el acoso a los valores cristianos presentes en la sociedad española, el menosprecio del espíritu de la Transición basado en la reconciliación entre todos y el irresponsable intento de pretender empalmar el presente con la II República, en la que se enmarca el inicio de la guerra civil. La filosofía de la Ley de Memoria Histórica, no tanto sus medidas, no responde al espíritu de la Transición, surgió como una marca de división entre españoles y esto no fue corregido en la tramitación parlamentaria. No se configura realmente como un elemento de paz y reconciliación.

Un cuarto aspecto es el de la gestión de la pluralidad autonómica, en la que se han cometido graves errores que han producido una importante crisis con el Estatuto de Catalunya. Y hay que considerar también un aspecto muy relevante de nuestra realidad con importantes repercusiones sociales como es el deterioro de los valores morales o éticos, del que son dos exponentes las cifras del aborto y la corrupción política, problemas que no sólo no han sido afrontados sino que por lo que se refiere al primero ha sido fomentado. 

La sociedad civil es fundamental para afrontar la grave situación actual

El análisis y evaluación de la gestión del gobierno, propio de la democracia, resulta especialmente necesario en las actuales circunstancias para debatir con amplitud y profundidad los problemas a los que nos enfrentamos, para reflexionar sobre los retos que surgen de la realidad y las exigencias que cabe plantear ante una previsible alternancia de gobierno. Estos tres aspectos han de estar presentes en una reflexión colectiva que resulta fundamental para afrontar la situación con una implicación de toda la sociedad que aparece como necesaria y, que en mi opinión, ha de significar algo más que votar y apoyar un programa de gobierno.

Dada la gravedad de nuestra realidad y la crisis de la política, ha de significar contribuir desde ahora a dibujar ese programa desde la sociedad civil, definiendo a través del debate público los problemas en su verdadera dimensión, superando el disfraz de la realidad que se hace desde el poder político, y señalar líneas de futuro que signifiquen una auténtica reconstrucción ética, social, económica y política de nuestro país.

Y el primer paso en esa dirección pasa, en mi opinión, por fortalecer la sociedad civil, no dependiente del Estado y el poder político, que ha de tener un papel decisivo en proponer iniciativas y respuestas a los problemas actuales, y en la exigencia a los partidos que aspiran a gobernar de programas que con rigor respondan a los enormes retos planteados, desde un auténtico compromiso con el bien común. Por ello, una alternativa de gobierno ha de poner de manifiesto cuales son los valores que la configuran y plantear con seriedad regeneración y rearme moral, pues será necesario proponer al país un esfuerzo colectivo e ilusionarlo con retos que lo proyecten hacia al futuro. Y, esto requiere recuperar valores, fortalecer bases éticas comunes y superar las fracturas sociales producidas.

La alternancia política, que dé fin a esta difícil etapa, ha de mirar al conjunto de la realidad española y tener presente tanto los problemas socioeconómicos como los derivados de la crisis social y moral. Esto significa, que un partido que se presente como alternativa de gobierno ha de tener como uno de sus ejes fundamentales la dimensión ética y de regeneración social y política. Con el compromiso de realizar las reformas socioeconómicas necesarias pero también de afrontar problemas tan graves como la corrupción política enraizada en las instituciones, el fracaso del modelo educativo o el elevado número de abortos, que son una muestra de una crisis moral que afecta a los derechos humanos, al buen funcionamiento del país y a la realización del bien común.

Contribución de la sociedad civil católica

Volviendo a la sociedad civil, una parte de ella aparece hoy con una gran vitalidad: es la sociedad civil católica, las organizaciones católicas laicas que participan en la vida pública aportando valiosas reflexiones y críticas constructivas, y siempre en vanguardia en la defensa de la dignidad de la persona y de los derechos humanos. Por ello, y en relación a lo dicho anteriormente sobre el papel de la sociedad civil para construir el futuro, es el momento de contribuir a las respuestas que la situación requiere, elaborar propuestas y llevarlas con argumentos comprensibles para todos al debate público.

En este sentido, un gran reto aparece ante nosotros como católicos ante el deterioro de los valores morales que se está produciendo, contribuir desde el humanismo cristiano a construir en diálogo con la sociedad unas bases éticas comunes en nuestra sociedad pluralista, una ética compartida, que signifique situar la dignidad de la persona en el centro de la ética social y de la acción política, y que permita articular una convivencia integradora.

La política, por encima de la pluralidad existente en la sociedad actual en cuanto a sistemas de valores y cuadros éticos, debe reconocer un núcleo de principios morales objetivos, valores universales que resuelvan las disputas particulares, y estos han de ser los que están al servicio de la persona y del verdadero progreso humano. El maravilloso ejemplo del rescate de los mineros en Chile ha demostrado que la defensa de la vida y la familia son valores insustituibles para el bien de la sociedad, y para llevar a cabo las más difíciles empresas. Chile ha dado un testimonio impresionante al mundo de fe y de lo que significa colocar en el centro de la acción política al ser humano.

Los cristianos tenemos mucho que aportar a nuestra sociedad en el momento presente, a una sociedad golpeada por la crisis y a la que falta esperanza, y el hecho de vivir en una sociedad plural y secular no es un obstáculo para mostrar la actualidad de la fe cristiana y las contribuciones que puede realizar al bien común. Precisamente, el gran éxito del viaje de Benedicto XVI al Reino Unido corrobora esta consideración, y como hemos visto en los análisis de la prensa británica se ha apreciado que haya revitalizado el debate entre política y fe, y sus palabras sobre la dignidad de la persona humana, destacando que son de interés para los creyentes y para los que no lo son. Espero que también su próximo viaje a Santiago y a Barcelona, donde los católicos le esperamos con gran ilusión y cariño, sea igualmente tan positivo para el conjunto de la sociedad española.

Fuente: Fórum Libertas