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En el epicentro del debate se encuentra el derecho o no a la vida de seres humanos concebidos pero a quienes se les niega la posibilidad de vivir.

 

La vida de los seres humanos debería constituir el valor supremo para cualquier sociedad que no haya perdido el sentido común.

 

Cualquier proyecto social queda suficientemente retratado con su actitud ante punto tan neurálgico.

 

“La sociedad ha dado la espalda a una organización que hoy navega sin rumbo, sin criterio y sin cerebro” Concejal del PSOE en el ayuntamiento de Madrid.

 

 

 

 

 

 

Carlos SALVADOR de UPN:

Ustedes han elegido la solución más sencilla y por eso la más equivocada. Pretenden modificar de manera tan radical los fundamentos éticos y morales de la protección de la vida en nuestro ordenamiento jurídico.

 

 

 

Es necesario repensar una solución de la que podamos sentirnos todos verdaderamente orgullosos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. MONEO DÍEZ, PP:

Un proyecto que bajo el disfraz de la llamada ley de salud sexual y reproductiva, pretende imponer a la sociedad española un sistema de aborto libre.

 

 

 

 

Apuesten en definitiva por la vida y por la maternidad, precisamente todo lo contrario de lo que hace su proyecto de ley.

 

 

 

 

¿Con qué clase de arbitrariedad se puede decidir que hasta las catorce semanas el no nacido no es merecedor de protección jurídica?

 

 

 

 

 

Lo que ustedes hacen es ofrecerles a las adolescentes el aborto como un método anticonceptivo más?

 

 

 

 

 

Bonito feminismo el que practica este Ministerio de Igualdad, sin ofrecer ni una sola alternativa ni un solo apoyo ni una sola ayuda a quien quiere seguir adelante con su embarazo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. TARRUELLA de CIU:

El aborto no es un derecho. No existe el derecho a causar un mal objetivo, el de la vida del aún no nacido.

 

 

¿Dónde se encuentra en el proyecto el objetivo de alentar en la madre la decisión libre y responsable de continuar su embarazo?

 

 

Este proyecto de ley, señorías, no contiene ninguna medida adicional de ayuda a la embarazada, salvo la de facilitar la interrupción del embarazo.

 

 

Ninguna mujer es libre de decidir, si no se le facilitan alternativas.

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DEBATE DE TOTALIDAD PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.

¿De qué estamos tratando en el debate sobre el aborto?

Mucho se ha hablado en estos últimos meses de garantizar seguridad a las partes, de reconocer el derecho de la mujer a decidir libremente, de despenalizaciones, de convertir la cruel aniquilación de un ser humano en gestación en un derecho, de convertirnos en un país “moderno” y equipararnos también en esto con los países de nuestro entorno… ¿De qué estamos tratando en el debate sobre el aborto? Mal que les pese a algunos grupos mediáticos interesados en desviar el foco de atención hacia otro lado y reconociendo la complejidad del problema, en el fondo, en el epicentro del debate se encuentra el derecho o no a la vida de seres humanos concebidos pero a quienes se les trunca cruelmente y se les niega la posibilidad de vivir. En este debate estamos tratando del derecho a la vida del concebido pero no nacido, del derecho de todo ser humano a vivir, a nacer, a crecer y a desarrollarse como persona. Ese es el meollo de la cuestión y no otro, lo demás son circunstancias, ciertamente complejas y que habrá que ponderar, pero que no deben ofuscar ni ocultar en perspectiva civilizatoria la atrocidad del aborto y para las cuales la sociedad actual dispone de la creatividad y los resortes necesarios para paliar si realmente hay voluntad política para afrontar el problema. Labor por la que no demuestran estar realmente nuestros dirigentes políticos actualmente en el gobierno, que prefieren asumir los postulados de un feminismo radical que entiende muy sesgadamente la “liberación” de la mujer.

Si por alguna cosa nos distinguimos los humanos es por nuestra capacidad de raciocinio, por nuestra capacidad para valorar, poner en valor, reconocer el valor de las realidades que nos constituyen. Partamos de un principio elemental para el sentido común y que debería resultar evidente a cualquier mente equilibrada y mínimamente sana, no desnortada, no contaminada y no cegada por los estertores de una mentalidad moderna que nos ha lavado el cerebro, mentalidad que en términos de civilización es dudoso que constituya un verdadero progreso, que ha adoptado el egotismo y el bienestar material como valores superiores, como razones últimas por las que movernos, mentalidad que nos ha atrofiado el sentido común y que nos lleva incluso a una cierta ceguera antropológica que nos imposibilita el reconocimiento del valor incondicional de algo tan elemental como la vida: la vida de los seres humanos es (debería ser) el valor supremo.

La vida de los seres humanos debería constituir sin ningún género de dudas el valor supremo para cualquier sociedad sana, que no haya perdido el norte, el sentido común. En buena lógica, el respeto incondicional a cualquier ser humano independientemente de la fase de desarrollo en que éste se encuentre y el reconocimiento de su dignidad como miembro de nuestra especie debería formar parte de cualquier moral cívica de mínimos e incluso figurar en su frontispicio, en línea con el artículo 3 de la Declaración universal de los Derechos humanos sobre el derecho a la vida. Sin embargo, en los tiempos actuales nos creemos tan modernos y estamos tan engreídos que quizás estemos perdiendo nuestro vínculo más natural con el sentido común y estamos olvidando incluso (¿ontogenéticamente?) que la vida independientemente de la fase en la que ésta se encuentre debe constituir el valor supremo a defender por cualquier congénere con capacidad de sano juicio. Valorar, apreciar, estimar, cuidar y proteger la vida como el bien más preciado que existir pudiera, en eso consiste el verdadero progresismo civilizatorio.

“Dime dónde apuntas y te diré quién eres”. Cualquier proyecto social queda suficientemente retratado con su actitud ante punto tan neurálgico. En el debate en torno al aborto, además de otras cuestiones ciertamente complejas, hay un aspecto que algunos interesadamente obvian, orillan, aparcan, y que como hemos indicado está en el centro del debate: el valor, la dignidad, de todo ser humano, independientemente de la fase de desarrollo en que éste se encuentre. Y mientras unos no le reconocen ningún valor (desprecio absoluto a esa realidad ), otros le ponen condiciones para reconocerle su valor y dignidad, unos terceros defendemos la dignidad incondicional del ser humano, de la vida humana, independientemente de la fase de desarrollo en que éste se encuentre. Eso es precisamente lo que reivindica la «cultura de la vida».

Se ha afirmado que la vocación política tiene la finalidad de buscar el bien común, poniendo un especial énfasis en la defensa de los más débiles. Como es obvio, cualquier legislación proabortista es totalmente contradictoria con esta vocación política. Es un absurdo que existan más respaldos legales para acabar con la vida humana, que para ayudar a sacarla adelante. ¿Dónde sitúa cada una de las formaciones políticas en la escala de valores de su proyecto social el valor y la dignidad del ser humano en gestación? ¿A qué tipo de sociedad quieren llevarnos esos proyectos sociales que no reconocen el valor de la vida humana en sus fases iniciales y la infravaloran desprotegiéndola legalmente? Si una sociedad desprecia el valor de la vida misma y no reconoce la dignidad de un ser humano en gestación, para qué el papel de un Estado incapaz de defender a nuestros congéneres más débiles e indefensos, ¿dónde situar entonces otros valores tradicionales como patria, nación, igualdad, libertad y fraternidad…? Si infravaloramos la vida misma fundamento de todo lo demás y no reconocemos incondicionalmente la dignidad a ella inherente, ¿con qué argumentos de verdadero peso, más allá de la retórica política al uso, podemos reclamar el reconocimiento de la dignidad del Estatut, de un pueblo o de una nación, el reconocimiento de la dignidad nacional o Constitucional, etc. como se reclama estos días entre nosotros? ¿Por qué no reclamar también bien alto, con el mismo ímpetu, la dignidad de esos indefensos seres humanos? Merece realmente la pena la afección a una colectividad cuando ésta se desentiende de los más débiles, los desprotege legalmente y no está dispuesta a apoyar positivamente y garantizar el derecho a la vida de seres humanos que han sido engendrados pero que corren el peligro de ser abortados? “La sociedad ha dado la espalda a una organización que hoy navega sin rumbo, sin criterio y sin cerebro” afirmaba en su blog el concejal del PSOE en el ayuntamiento de Madrid, Alejandro Inurrieta, en el que éste denunciaba la falta de ideas y la mediocridad de su partido.

El pasado 26 de noviembre tuvo lugar en el Congreso de Diputados el debate de enmiendas a la totalidad del proyecto de reforma de la ley del aborto. A continuación presentamos algunos de los pasajes más significativos de los principales intervinientes en el debate UPN, PP, CIU, UPD, IU, PNV y PSOE. A este último, por ser quien lidera la reforma, me voy a permitir la licencia de intercalar, tras algunos de los párrafos más significativos, algunos breves comentarios, a modo de apostilla. Veamos, pues, dónde está cada uno y juzguen ustedes mismos.

Diario de sesiones del Congreso de Diputados del 26 de noviembre de 2009

Carlos SALVADOR ARMENDÁRIZ, de Unión del Pueblo Navarro.

Hemos querido dejar constancia de la firme oposición de mi partido, Unión del Pueblo Navarro, a esta reforma legal que seguimos considerando ilegítima, incongruente, injusta, inconstitucional, incompleta, inútil e inoportuna. El Gobierno, señora ministra, pretende confundir cuando argumenta que el objetivo principal de la reforma —el principal, lo dijo aquí el señor presidente— es que las mujeres que decidan abortar no vayan a la cárcel. ¿Ha ido alguna mujer a prisión en el último cuarto de siglo, señora ministra? Ninguna. Y se equivoca cuando defiende que nuestro ordenamiento ampara el derecho a eliminar una vida humana, aunque esta sea muy pequeñita. Señorías, estamos seguros de que esa no fue la voluntad de los constituyentes cuando fijaron en los artículos 10 y 15 de la Constitución los valores y principios que son el fundamento del orden político y de la paz social en España. Ayer mismo, fíjese, el portavoz de su propio grupo dijo en esta misma tribuna que la vida de los seres humanos es el valor supremo. ¿En qué quedamos, señora ministra? No pueden ustedes aprobar una declaración institucional en el último Consejo de Ministros con motivo del Día Universal del Niño, en la que hablan del derecho a una vida digna de los niños y las niñas, y seis días después prestar su apoyo a esta reforma en la que, por unos meses, a esos niños y niñas, que no serán, se les priva totalmente del derecho a la vida. ¿Qué lógica aplican ustedes con esta reforma, señora ministra?

Ayer mismo la vicepresidenta, en esta misma tribuna, decía que situaciones complejas exigen respuestas complejas. Ustedes, señorías, ante esta cuestión, que a nadie se le escapa que es extremadamente compleja, han elegido la solución más sencilla y por eso la más equivocada. Es verdad que es necesaria una reforma porque 115.000 abortos al año lo exigen, pero no es esta reforma que se va a limitar a legalizar un gran fracaso social colectivo, sin ningún ánimo reeducador, sin consenso, sin ambición, sin vida.

Quisiera, en todo caso, agradecer su trabajo a quienes se han opuesto a esta reforma, a quienes hoy votarán a favor de las enmiendas y a quienes desde el compromiso personal público, individual o colectivo, han contribuido a desenmascarar esta reforma tan regresiva y han aportado desde múltiples plataformas cívicas alternativas mucho más imaginativas con el difícil conflicto de intereses que plantean los embarazos no deseados. Les animo desde aquí a que sigan trabajando en esa misma dirección.

A todos nos juzgará la historia por el paso que se pretende dar ahora al modificar de manera tan radical los fundamentos éticos y morales de la protección de la vida en nuestro ordenamiento jurídico. Por ello creemos que las convicciones que cada uno de nosotros tenemos sobre esta materia no deberían ser objeto de transacción en el mercado político ni deberían estar sometidas a la habitual disciplina de partido. Yo solicito una vez más libertad de conciencia, libertad para que cada diputado pueda votar lo que su conciencia le dictamine, para que cada voto responda, no al interés coyuntural del momento, no a presiones de unos y otros, sino a las convicciones y principios morales que en esta materia, señor presidente, tan nuclear cada uno de nosotros decidimos mantener y defender públicamente.

Señorías, como sociedad hemos avanzado mucho en la protección de la naturaleza, en la protección y respeto del medio ambiente. Legalmente también, gracias a este Gobierno —por qué no decirlo—, hemos progresado con leyes que defienden a los niños, que defienden a los menores, que defienden a las mujeres y que defienden a los mayores. En esta Cámara vieron la luz leyes que impedirán en el futuro los malos tratos, la trata de seres humanos, la tortura; pedimos entre todos la abolición de la pena de muerte; combatimos la violencia llamada de género; hemos participado como país en multitud de foros internacionales, colaborando en la construcción de una conciencia social universal que aboga por la solidaridad, por la generosidad, por la lucha por los más desfavorecidos, los más pobres, los más indefensos, los que no tienen voz en el mundo. En España en los últimos treinta años hemos trabajado por alcanzar entre todos muchos sueños, sueños que con esfuerzo, imaginación y generosidad hemos conseguido; pero, sinceramente, señorías, no creemos que legalizar un fracaso colectivo, que es lo único que me temo que va a hacer esta ley, sea ningún sueño que nosotros queramos compartir.

En nombre de mi partido, Unión del Pueblo Navarro, y en el de muchos, muchos españoles preocupados por la deshumanización que fundamenta esta reforma, les animo a votar a favor de la enmienda a la totalidad como paso previo para repensar una solución de la que podamos sentirnos todos verdaderamente orgullosos. Muchas gracias, señorías.

Señora MONEO DÍEZ, por el Grupo Parlamentario Popular

Señorías, subo a esta tribuna siendo consciente de la enorme responsabilidad que asumo al defender la enmienda a la totalidad que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a este proyecto de ley; una enmienda de devolución a un proyecto que bajo el disfraz de la llamada ley de salud sexual y reproductiva, pretende imponer a la sociedad española un sistema de aborto libre. Sí, señorías, imponerlo, en contra de la voluntad mayoritaria de la sociedad española, en contra de los dictámenes de diferentes órganos consultivos, entre ellos el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, que han sido incapaces de avalar la constitucionalidad de esta ley o lo han hecho con múltiples objeciones, como el Consejo de Estado, por cierto no siempre tenidas en cuenta por este Gobierno; en contra de un importante número de expertos, científicos, médicos, juristas, académicos, que a lo largo de los últimos meses han venido manifestando enormes discrepancias con este proyecto de ley; en contra de la sociedad civil, señorías, aquella cuyas opiniones ustedes pretendieron amordazar dando carpetazo a un subcomisión creada en esta Cámara tan pronto como empezó a resultar incómoda para los planes y los objetivos del Gobierno.

Sí señorías, su intento de acallar y manipular este debate fue tal que una gran parte de la sociedad española tuvo que salir a la calle a decirles alto y claro que están en contra de este proyecto; a decirles que no podemos soportar el incremento incesante del número de abortos, más de 115.000 el pasado año; a defender algo que en esta Cámara hemos oído no una sino cientos de veces y es que ninguna mujer quiere verse abocada al aborto; a pedirles que en vez de trazar el camino de miles de mujeres hacia el terrible drama que supone el aborto, les ofrezcan una alternativa o el apoyo necesario para no tener que hacerlo; a que apuesten en definitiva por la vida y por la maternidad, precisamente todo lo contrario de lo que hace su proyecto de ley.

Desgraciadamente, señorías, nada de esto han tenido ustedes en cuenta a pesar de la incomodidad, señora ministra, que ha generado su debate, un debate que quizás en principio preveían como un paseo militar. De ahí sus idas y venidas, su miedo a llevarlo en el programa electoral, su silencio más absoluto en el debate de investidura, la trampa de incluirlo por la puerta de atrás en la resolución de uno de sus congresos y ahora el intento de envolverlo en una supuesta ley de salud sexual y reproductiva, una ley de acompañamiento que esconde la reforma más radical en materia de aborto, palabra por cierto que no se atreven a pronunciar con el fin de esconder sus verdaderas intenciones, convertir en un derecho, en un principio general lo que siempre debe ser una excepcionalidad.

Ahora bien, déjenme decirles que su estrategia les ha salido mal. La existencia en el debate de hoy de cinco enmiendas a la totalidad es un claro ejemplo de que su llamado consenso y las supuestas bondades de su nueva ley no gozan del apoyo parlamentario que una ley de estas características exigiría, porque el debate que hoy afrontamos, señorías, plantea…

una de las cuestiones más importantes que cabe defender en un parlamento. Estamos hablando de la vida, del derecho de todo ser humano a vivir, a nacer, a crecer y a desarrollarse como persona, un debate que supera y que va más allá de creencias religiosas o de posiciones ideológicas. Estamos ante un debate de principios, de valores.

Así lo han entendido las sucesivas declaraciones y tratados internacionales suscritos por nuestro país, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta el Pacto internacional de derechos civiles y políticos y la Declaración de los Derechos del Niño, de la que acabamos de celebrar su 50º aniversario, señorías, que establece con rotunda claridad la protección legal del niño tanto antes como después del nacimiento e incluso la atención prenatal y posnatal. Así lo ha defendido desde su aprobación la Constitución española de 1978 en su artículo 15, perfectamente blindado por la sentencia que el Tribunal Constitucional pronunció en abril de 1985 precisamente para aclarar aquellos aspectos de dudosa constitucionalidad que recogía la actual regulación del aborto. La sentencia es muy clara, señorías, estableciendo que el no nacido es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el artículo 15 de nuestra Carta Magna, una protección que por tratarse de una vida humana distinta de la vida de la madre, merece protección desde el primer momento, hasta el punto de que dicha protección puede incluir también como última garantía las normas penales. Señorías, lo que viene a decir el más Alto Tribunal es que no es admisible un sistema que desconozca en absoluto la vida del no nacido. De ahí la defensa de un equilibrio entre los derechos de la madre y del no nacido y la excepcionalidad de que unos puedan prevalecer sobre los otros.

La pregunta entonces es muy clara: ¿dónde encajan los objetivos del Gobierno con este proyecto de ley? ¿Dónde encuadramos el llamado derecho a decidir, el llamado derecho al aborto y los plazos a que pretende someterles este Gobierno? ¿Con qué clase de arbitrariedad se puede decidir que hasta las catorce semanas el no nacido no es merecedor de protección jurídica? ¿No es un bien jurídico protegido por el artículo 15 de la Constitución española? Señorías, creo que ante tanta inconsistencia, sobran las palabras. Ni Constitución española ni tratados internacionales ni convergencia europea; nada, absolutamente nada justifica la ley del aborto de este Gobierno. No hay ningún tratado internacional en materia de derechos humanos ratificado por nuestro país, ninguno, que reconozca el derecho al aborto. No cumplimos ninguna obligación internacional con esta reforma, señora ministra, ni convergemos hacia un consenso internacional, que, señorías, por cierto, no existe. Se lo ha dicho el Consejo Fiscal. Dos de cada tres países de la Unión Europea, incluso aquellos que contemplan leyes de plazo, exigen la concurrencia de causas justificadas para que una mujer pueda someterse a un aborto. El proyecto de ley que trae el Gobierno a esta Cámara no exige ninguna durante las primeras catorce semanas, ninguna. Esta ley es el más claro y vivo exponente de lo que es el aborto libre, un sistema que tan solo tiene su reflejo en los antiguos regímenes totalitarios de la Europa del Este, regímenes que siempre han utilizado el aborto como un método de planificación familiar, justo lo que hay que evitar, como ha dicho la Conferencia de El Cairo, la Conferencia de Pekín y, por supuesto, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Esta ley va más allá. No solo deja sin protección al no nacido, a un ser humano, señora ministra, pese a que usted le niegue esta condición, sino que además pretende desproteger a las menores de edad privándolas del consejo, la confianza y el cariño de sus padres ante lo que puede ser una de las situaciones más difíciles de su vida. Su ley, señora ministra, no solo interfiere en las relaciones personales y familiares, sino que vulnera el principio de patria potestad dibujando un modelo de sociedad donde es más importante proteger el derecho a la intimidad de los menores, el consumo de alcohol o de tabaco que someterse a un aborto.

¿O es que no se han parado ni un solo momento a pensar que frente a la escandalosa cifra de abortos entre adolescentes, lo que ustedes hacen es ofrecerles el aborto como un método anticonceptivo más? ¿Alguno de ustedes o de sus supuestos expertos —esos nombrados a dedo para que avalasen sus tesis pro abortistas— han dedicado medio minuto a reflexionar sobre el impacto físico y psicológico que la práctica del aborto puede tener en una adolescente, más si se hace de espaldas a su familia? Me temo que no, señora ministra, dado su empeño en negar aquello que médicos, científicos y expertos ratifican continuamente, la existencia del llamado síndrome posaborto.

Señorías, señora ministra, se lo hemos dicho y se lo vamos a repetir hasta la saciedad, la ley que usted trae a esta Cámara no tiene nada que ver ni con la seguridad jurídica ni con los derechos de las mujeres. No hay mayor seguridad jurídica que la que nace del cumplimiento de la ley, pero a ustedes esto no les preocupa. La única seguridad jurídica que ustedes buscan tras la farragosa, catequética y panfletaria exposición de motivos de esta norma —palabras del Consejo de Estado— es la de aquellos que han hecho del drama del aborto un negocio, aquellos que tuvieron voz en esta Cámara gracias a ustedes, señores del Grupo Socialista; aquellos que necesitan de una nueva legislación para buscar la impunidad de sus abusos. Toda la Cámara sabe que no hay ni una sola mujer en la cárcel por haberse sometido a un aborto, ¡ninguna! Son otros, señorías, los que temen seguir este camino.

Dejen de ponerse medallas también en la supuesta defensa de los derechos de las mujeres. Ustedes, que aun sabiendo que la sexualidad es cosa de dos —supongo que lo saben— y que sus consecuencias también debieran serlo, han decidido que seamos nosotras las únicas responsables y las únicas que tengamos que hacer frente a las posibles consecuencias. Con la venta de la píldora del día después, como si de un caramelo se tratase, y con esta ley de aborto libre, ustedes han liberado al hombre de sus obligaciones más elementales de prevención y, desde luego, de asunción de responsabilidades frente a un embarazo no previsto o quizás inoportuno. Bonito feminismo el que practica este Ministerio de Igualdad. Además, lo han hecho sin ofrecer ni una sola alternativa ni un solo apoyo ni una sola ayuda a quien quiere seguir adelante con su embarazo. Lo han hecho dibujando el embarazo en esta ley como un problema o una enfermedad. El embarazo no es ninguna enfermedad, señora ministra, seguro que usted tiene alguna vez ocasión de comprobarlo. Tampoco debiera ser un problema si una sociedad como la nuestra, que aspira a convertirse en paradigma de la igualdad y de la solidaridad, no cerrase los ojos ante situaciones terribles y dramáticas, que amparadas en presiones familiares, sociales, económicas o laborales, abocan a la mujer hacia el aborto. Si ninguna mujer quiere abortar voluntariamente, ¿por qué entonces este Gobierno pretende legitimar una ley que atenta directamente contra la dignidad de la mujer privándola de uno de los derechos más inherentes a su condición, el derecho a ser madre? ¿Por qué esta ley no tiene ni una sola medida para dar alternativas a quien, de contar con ellas, seguiría adelante con su embarazo? Muy fácil: porque a este Gobierno esto no le interesa.

Termino ya, señor presidente, señorías. A mi grupo le sobran motivos para presentar esta enmienda de devolución. Somos conscientes de la enorme responsabilidad que asumimos con la sociedad española, porque creemos firmemente que quienes tenemos el compromiso de trabajar por y para la defensa de los derechos fundamentales que los españoles nos dimos con la aprobación de la Constitución española de 1978 no podemos dar ni un solo paso atrás en la defensa de estos derechos. Sin duda el derecho a la vida es el más fundamental de todos ello, también lo son la libertad, esa libertad de la que deben gozar los profesionales sanitarios a la hora de ejercer la objeción de conciencia, la igualdad y también la defensa de la dignidad de la persona. A ello el Grupo Popular dedicará el máximo esfuerzo en compañía, seguro, señorías, de millones de españoles. Muchísimas gracias.

Señora TARRUELLA TOMÀS en nombre de los diputados de Unió Democrática de Catalunya:

Señorías, quiero empezar denunciando la falta de consenso político y social previo a la presentación de este proyecto de ley y también su inoportunidad. En un momento en que todos, Gobierno y grupos parlamentarios, deberíamos centrarnos en sacar a España de la grave y singular crisis económica que padecemos, se nos remite a este Congreso un proyecto de ley que ha merecido el juicio desfavorable del Consejo Fiscal no ha logrado pronunciamiento alguno del Consejo General del Poder Judicial y ha sido indultado por el Consejo de Estado al precio de proponer o aconsejar reformas en veintiún de sus veintitrés artículos y en tres de sus seis disposiciones. Estas circunstancias, unidas a la de que en el programa electoral con que el Partido Socialista concurrió a las elecciones generales de 2008 no figuraba la reforma de la legislación vigente, nos lleva fundada y razonablemente a concluir que lo que se pretende con este proyecto y consiguiente tramitación parlamentaria es también correr una cortina de humo sobre problemas que afectan en la actualidad a la sociedad española y que además, como se ha manifestado en recientes encuestas ampliamente, es contraria a este proyecto de ley.

La inoportunidad, señorías, no se limita a lo que acabo de nombrar, sino al fraude estructural y sistemático de que era y es objeto la legislación vigente en materia del aborto. El mismo Consejo de Estado hace referencia en su dictamen a la inaplicación, cuando no la utilización fraudulenta, de gran parte de la normativa vigente. Ciertamente —señala también—, nada es más contrario a un Estado de derecho que el divorcio radical entre las normas y su aplicación. Ahora bien, esta patología tiene dos remedios. Uno es la modificación de las normas; otro es garantizar su efectiva aplicación. Nosotros nos pronunciamos a favor del segundo, entre otros motivos porque en el actual proyecto de ley subsiste, ampliado, el germen del fraude denunciado por el Consejo de Estado.

Señorías, para nosotros el aborto no es un derecho. No existe el derecho a causar un mal objetivo, el de la vida del aún no nacido. Además, echamos de menos que no se intenten aportar alternativas y ayudas eficaces a la mujer que finalmente desee continuar con su embarazo. Durante las catorce primeras semanas de gestación —de hecho, durante las veintidós— la prevalencia de la voluntad de la mujer en sus derechos aparece como absoluta frente al valor vida encarnado en el nasciturus, en contra de los postulados constitucionales. Durante este periodo la interrupción voluntaria del embarazo viene a tratarse como una medida más de planificación de la reproducción y ello no resulta jurídicamente aceptable.

¿Dónde se encuentra en el proyecto el objetivo de alentar en la madre la decisión libre y responsable de continuar su embarazo? ¿Dónde está la estimulación de esta decisión? ¿Dónde queda la explicación a la gestante que tiene intención de abortar de las razones que asisten al Estado para tutelar la vida? ¿Le es indiferente que la decisión libre y responsable de la mujer sea continuar el embarazo o interrumpirlo? ¿Acaso se pretende que la única decisión realmente libre ante un embarazo no planificado es su interrupción?

Señorías, no eran esos los criterios del Gobierno socialista de 1995 y del proyecto de ley sobre regulación de la interrupción del embarazo que remitió entonces a las Cortes y que llegó al Senado. Quiero recordar que ese proyecto a nivel de declaración asumía como uno de sus objetivos en la introducción del denominado cuarto supuesto alentar en la madre la decisión libre y responsable de continuar el embarazo, y hasta por tres veces hacía referencia a la obligación de explicar las razones que asisten al Estado para tutelar la vida del aún no nacido. Queda claro que este Gobierno no encuentra razón alguna para ello o no se siente en la obligación de hacerlo.

Hablemos del asesoramiento. La denominada información previa al consentimiento regulada en el artículo 17.2 y 17.3 de este proyecto y que debe entregarse en sobre cerrado no es más que un requisito formal y no llega a constituir ni siquiera un pálido reflejo del asesoramiento del sistema alemán. El contraste con el título y el contenido de la ley alemana ya resulta esclarecedor. El título de la ley alemana es Ley para la protección de la vida prenatal gestante, para el fomento de una sociedad favorable a los niños, para la ayuda a los conflictos del embarazo y la regulación de la interrupción del embarazo (Ley de ayuda a la embarazada y a la familia).

Es significativo, señorías, que este Gobierno haya renunciado a seguir la estela de ese otro Gobierno socialista también que presentó, como he dicho, aquel proyecto en el año 1995. En aquel proyecto de ley se regulaba esa intervención preceptiva en unos centros de asistencia y asesoramiento, cuya comunidad de intereses con los habilitados para la práctica del aborto se evitaba. En dichos centros se decía que la mujer sería oída en entrevista y se le explicarían las razones que asisten para tutelar la vida, sobre todo informándola de cuantas posibilidades existan para resolver su conflicto, tratando de que la decisión final, que ha de tomar la mujer, lo fuera tras la suficiente información y reflexión. Además, añadía que se le informaría de cuantas ayudas familiares, económicas y sociales disponibles pudieran serle de utilidad. Ciertamente, aunque insuficiente, porque la ley no establecía nuevas ayudas a las embarazadas, no tenía nada que ver con esta de hoy, con la entrega de determinada información en sobre cerrado y por los mismos centros públicos o privados habilitados para la práctica de los abortos.

Este proyecto de ley, señorías, no contiene ninguna medida adicional de ayuda a la embarazada, salvo la de facilitar la interrupción del embarazo. Ninguna mujer es libre de decidir, si no se le facilitan alternativas. Además, este proyecto constituye un paso más en la degradación de la patria potestad, esto es, en el deber y función que incumbe a las madres y padres de cuidar de sus hijos, velar por ellos, educarles y darles una formación integral; patria potestad que el proyecto pretende reducir a una simple obligación de hospedaje, esto es, de alojamiento y manutención. La ausencia de los padres en relación con los menores es notoria en la regulación de medidas en el ámbito educativo, en el que no existe mención ni respeto alguno al derecho fundamental de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, según el artículo 27.3 de la Constitución española. Desde luego, esta degradación llega a su mayor y más dramático alcance en el aborto de las jóvenes menores de edad, en relación a que los padres queden privados hasta del consentimiento previo, negándoles la posibilidad de apoyo de los padres.

Acabo, presidente. Los diputados firmantes de esta enmienda a la totalidad no alcanzamos a comprender qué idea tiene el Gobierno, este Gobierno, de lo que es una niña, una chica o una adolescente, de lo que es una familia, de lo que son las relaciones materno y paterno- filiales y de cuál es el objetivo al que sirve la patria potestad para excluir a los padres de una decisión de una trascendencia física, psicológica, jurídica, e incluso moral para buena parte de los ciudadanos, que tiene el aborto para una hija. Pocas decisiones se pueden tomar a estas edades de más trascendencia y pocas donde tenga más sentido el contenido de la patria parental de cuidar y velar por los hijos y educarles. La familia no es solo una unidad de prestación de servicios, es una unidad básica de la sociedad.

Además, queremos también denunciar que, en lo relativo a la formación de los profesionales de la sanidad, no se incluye referencia alguna a su derecho constitucional a la objeción de conciencia, que a título individual deben poder ejercer todos los profesionales sanitarios, tanto en los centros públicos como privados, ante una cuestión en que no pueden desconocerse sus principios éticos y convicciones. Por estas razones expresadas es por lo que presentamos esta enmienda a la totalidad de este proyecto de ley y su devolución al Gobierno. Muchas gracias.

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