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Ley del aborto: debate enmiendas a la totalidad

La señora Rosa DÍEZ GONZÁLEZ, de UPD

Si hay alguien que crea que abortar no es un problema moral, se equivoca; es un problema moral, lo que no tiene por qué ser es un problema penal o legal, y creo que legalmente debe existir la posibilidad de un acuerdo. Yo podría decir dónde sitúo los valores, pero usted podría decirme que conoce a otra persona que los sitúa en otro sitio, y tendría razón. El problema es que tenemos que situar los valores, para que sean colectivamente aceptables, en un punto que decidamos y luego, moralmente, cada persona tendrá que enfrentarse con el dilema. Yo creo que es muestra de salud moral el que una persona dude antes de abortar, aunque el feto tenga solamente una semana. Son palabras de Fernando Savater, palabras que orientan la filosofía que sustenta esta enmienda, justo lo contrario del espíritu de banalización del aborto que inspira al Grupo Socialista y al Gobierno. El proyecto de ley no mejora la legislación vigente sobre el aborto voluntario; debido a sus profundas implicaciones éticas, divide profundamente a la sociedad española. El proyecto mezcla finalmente plazos y supuestos en un híbrido de escasa solidez jurídica.

Convertir la despenalización de la interrupción del embarazo en ciertos supuestos en una ley reguladora del derecho al aborto, aunque fuera como —comillas— derecho subjetivo a abortar, implicaría, a nuestro juicio, una regresión de las libertades públicas. No corresponde al Gobierno ni al Parlamento dar o quitar derechos fundamentales a los ciudadanos. Instituir de algún modo el derecho al aborto, en lugar de proceder a su despenalización en determinados supuestos o plazos, otorga a las instituciones una capacidad de dar derechos básicos, y por tanto de quitarlos, completamente impropia de una democracia. Lo progresista es atenerse al principio de que todo lo que la ley no prohíbe expresamente se atiene a derecho. Si la interrupción libre del embarazo hasta determinado plazo deja de ser un delito, nadie puede ser incriminado por hacerlo, es la libre decisión de una mujer libre. En cambio, regular como un derecho positivo la interrupción del embarazo en plazos y supuestos conlleva una concepción que no compartimos de ninguna manera, la concepción de que son el Gobierno y el Parlamento quienes dan y quitan libertades, regulando cómo y cuándo ejercer derechos como el que para usted es el de abortar; una concepción intervencionista y en el fondo autoritaria que, obviamente, no podemos compartir.

La despenalización del aborto debería abordarse como una cuestión estrechamente vinculada a la educación y formación en todos los ámbitos. Hay razones para sostener que en este aspecto hemos retrocedido en lugar de progresar y que la juventud actual soporta serias deficiencias educativas en materia sexual y reproductiva, manifestadas en el incremento de los embarazos no deseados y de los consiguientes abortos. Cabe preguntarse si el modo adecuado de combatir este fracaso es banalizar aún más la interrupción voluntaria del embarazo, tal y como propone este proyecto de ley. Creemos que, por el contrario, esta medida solo sancionará como algo natural e inevitable la ignorancia y la irresponsabilidad en las relaciones sexuales, promoviendo el recurso al aborto como un sistema anticonceptivo habitual entre las adolescentes

El señor LLAMAZARES TRIGO, por IU

Mi grupo parlamentario va a rechazar las enmiendas de totalidad. Va a apoyar el texto porque creemos que reconoce nuevos derechos, el derecho a la salud sexual y reproductiva y el derecho a decidir por parte de la mujer. ¿Y qué mejor que esta Cámara para decidir sobre derechos? Yo, que reconozco a los católicos su moral —y además me parece importante— y les reconozco también la dirección de su moral por parte de la Conferencia Episcopal, les pido, les ruego que reconozcan la legitimidad de esta Cámara para legislar en estas materias.

Hemos tenido experiencias por las cuales la moral de parte se ha intentado convertir en moral nacional, y experiencias no muy lejanas. Esa moral nubla los sentidos, señoría, porque lo que es moral para una parte de la sociedad española no lo es para todos; lo que es moral, no es científico; lo que es moral no es necesariamente filosófico. Ustedes confunden potencia y acto, que no lo confunde nadie de primero de filosofía; confunden vida biológica y vida humana, que no lo confunde ningún científico; pero no confundan algo muy importante, la moral, la moral católica les obliga a ustedes, a nosotros nos obliga la moral civil, que es la moralidad de las leyes y de la Constitución.

Es un proyecto que, en primer lugar, reconoce el derecho a decidir por parte del único sujeto que existe en el proceso de embarazo. La mujer es el único sujeto objeto de derechos, el resto es objeto de protección por parte de nuestra Constitución y me refiero al nasciturus. En segundo lugar, establecemos también el derecho a la salud sexual y reproductiva en nuestro país, un derecho que no existía en la legislación anterior, porque lo que hizo la legislación anterior fue una forma de hipocresía. Despenalizó parcialmente el aborto, miró para otro lado y dejó la interrupción del embarazo como una cuestión privada de las mujeres. Es una cuestión pública, una responsabilidad pública y, por tanto, derecho de la mujer y también obligación del Estado y del poder público a prestar este tipo de atención de salud sexual y reproductiva a las mujeres.

El señor AGIRRETXEA URRESTI, por el PNV

El Grupo Parlamentario Vasco no apoyará las enmiendas a la totalidad. El Grupo Parlamentario Vasco tampoco apoyará el proyecto de ley en los términos en los que está redactado actualmente. Dicho esto, intentaré explicar y aclarar nuestra posición. El PNV considera que el aborto es el resultado de un fracaso, pero el PNV defiende la necesidad de una ley, una ley que permita regular el aborto, algo que la actual no hace, por lo que necesita una verdadera reforma reguladora que ofrezca las garantías jurídicas y sanitarias necesarias, que integre la objeción de conciencia y, sobre todo, que ataque las causas desde su origen, evitando los embarazos no deseados.

El PNV no puede cerrar los ojos y mirar hacia otro lado, como si las cosas no ocurrieran por el hecho de desear que no ocurran o pensar que no ocurrirán porque se prohíban o porque se condenen. Ninguna de estas soluciones ha evitado que miles de mujeres hayan optado por el dramático final del aborto. ¿O es que alguien piensa que la angustiosa situación que supone un embarazo no deseado, ni querido, ni buscado, ni compartido, se resuelve, con la frivolidad que algunos suponen abortando, y ya está? ¿Cree alguien que es tan fácil? Vivimos en un Estado en el que, desgraciadamente, cada año se producen cerca de 100.000 abortos. ¿Y cómo ha regulado la actual ley este elevadísimo número de interrupciones? Por medio de un inmenso boquete en las paredes maestras de la propia ley, por el que más del 85 por ciento de las mujeres que han abortado lo hicieron alegando la causa del trastorno psicológico. La conclusión lógica es que la ley vigente no es la solución. No ha sido capaz de reducir el número de abortos.

El Grupo Vasco quiere ponerse del lado de la mujer, a la que no quiere añadir un doble sufrimiento, un doble sufrimiento por el hecho de haber abortado, con lo que eso supone, y, además, ser penada por ello. Nuestro objetivo siempre será el de disminuir, atenuar un mal mayor.

No podemos imponer una legislación basada en el código moral propio cuando ese código no es compartido. La conciencia y su libertad. Por mucho que yo no pueda compartir la decisión de una mujer para que aborte, o sí, según qué caso, ni yo ni mi grupo somos nadie para impedir que dentro de lo que marque la ley esa mujer pueda hacerlo. Y menos condenar a una mujer por ello, de la misma manera que nadie podrá imponer a una embarazada que aborte cuando ella determine que quiere seguir su embarazo hasta el final. Por eso decimos que no defendemos una ley proabortista, es decir, aquella que incida en la necesidad de abortar. Queremos una ley que regule el aborto. No consideramos que el aborto sea un derecho, y hay que decir que en el texto del proyecto no aparece considerado como tal, porque una cosa es que el Estado garantice el acceso a la interrupción del embarazo y otra es que eso sea un derecho.

Un embarazo puede ser lo más bello del mundo y un embarazo no deseado puede ser el mayor drama para una mujer. Porque el deseo y la voluntad son condición sine qua non para ello. Queremos incidir en el inicio del proceso, en la educación sexual y afectiva de un modo responsable y compartido.

El señor ALONSO SUÁREZ del Grupo Socialista:

Señor presidente, señoras diputadas y señores diputados, después de unos veinticinco años de funcionamiento del actual sistema de interrupción voluntaria del embarazo, los debates que hemos tenido en esta misma Cámara, en la subcomisión que se formó en noviembre de 2008 —por cierto, quiero reconocer y agradecer expresamente el brillante trabajo que las parlamentarias y los parlamentarios socialistas hicieron en esa subcomisión— y en la comisión técnica que trabajó con el Gobierno al respecto, dejaron claro que con este sistema existe hoy una situación objetiva de inseguridad jurídica de las mujeres que han de interrumpir su embarazo, y de los profesionales sanitarios que las atienden. Existe también una falta de respeto a la decisión de las mujeres y una situación de inequidad territorial en el acceso a la prestación sanitaria. Señoras y señores diputados, el Gobierno y el Partido Socialista tienen la obligación política de acabar con esta situación, y van a hacerlo. Vamos a conseguir una ley que garantice la seguridad jurídica, los derechos de las mujeres, y que nos homologue con el resto de los países europeos que tienen el mismo sistema que vamos a implantar en España.

¿Por qué no se atrevieron a proponer claramente al electorado dicha reforma en su programa electoral? El camino errático que siguieron en este aspecto, ¿a qué “precauciones, cautelas, dudas o miedos” obedecía? ¿Qué tipo de comisiones crearon? ¿A qué se debió el sectarismo manifestado en su composición y la tendenciosidad expresada en las recomendaciones que emanaron de las mismas?¿Por qué, con el objetivo de la disminución del número de abortos, entre las diversas posibilidades para afrontar el problema su gran “receta” es el sistema de plazos, que supone desproteger al ser humano que va a nacer durante las primeras 14 semanas de gestación y no poner todos los resortes del Estado en adoptar políticas y acciones positivas en apoyo total e integral a la mujer que lo necesite a fin de ofrecerle otras posibilidades para que realmente pueda ser libre en su decisión y para que no se vea abocada al aborto como única alternativa como ustedes le ofrecen en este proyecto de ley?

Señoras y señores diputados, desde Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y la Unión Europea no han dejado de emitirse recomendaciones a los Estados para que elaboren legislaciones seguras y con garantías para el ejercicio del derecho y para el respeto a la dignidad de las mujeres. Partiendo de esos trabajos parlamentarios a los que me he referido, partiendo de esas recomendaciones de las instituciones internacionales, y por supuestísimo partiendo de nuestras propias convicciones el Gobierno ha elaborado el proyecto de ley cuya totalidad debatimos, señora ministra, hoy. La posición política del Gobierno y de los socialistas no se limita a la interrupción voluntaria del embarazo; de hecho, esta es una cuestión importantísima, pero incluida en un contexto o estrategia de salud sexual y reproductiva, y de prevención de embarazos no deseados. Con la nueva ley, señoras y señores diputados, la sociedad española se va a dotar del marco normativo que justamente piden esas instituciones internacionales, de manera que vamos a garantizar la seguridad jurídica, la garantía del respeto a la propia ley y el ejercicio adecuado de los derechos de las mujeres, respetándolas en las decisiones que tengan que tomar y respetando su confidencialidad y su intimidad, garantizando que el Sistema Nacional de Salud se aplica con calidad y de un modo equitativo, personal y territorialmente.

Señoras y señores diputados, junto a ello debo destacar que la ley, una vez en vigor, nos va a homologar con la práctica totalidad de los países europeos, señoras y señores del Partido Popular: Bélgica, Alemania, Francia, Dinamarca, Luxemburgo, Italia, Portugal, Holanda, Suecia, Finlandia, etcétera. Ahí, en esa corriente, desde el punto de vista de la regulación normativa, nos vamos a situar. Señoras y señores diputados, lo primero que hay que decir de la legislación que viene, que hoy discutimos en su totalidad y que hoy empieza a caminar, es que sin duda alguna es plena y perfectamente constitucional; respeta sin duda alguna los parámetros de interpretación de la Constitución que el propio Tribunal Constitucional exige, y lo hace exactamente igual que las leyes similares de los países a los que me he referido, y que respetan naturalmente las similares constituciones de esos países de alto nivel de vida, y avanzados desde el punto de vista social y también legislativo y normativo.

No será éste el papel de celofán con el que pretenden enmascarar el “regalito” sorpresa de su legislatura, su verdadero objetivo? La homologación debe realizarse tomando lo más positivo de cada uno de ellos, como por ejemplo la filosofía positiva de fondo del modelo alemán, que como ya les ha hecho notar la portavoz de Unió Democràtica de  Catalunya: … “El contraste con el título y el contenido de la ley alemana ya resulta esclarecedor. El título de la ley alemana es Ley para la protección de la vida prenatal gestante, para el fomento de una sociedad favorable a los niños, para la ayuda a los conflictos del embarazo y la regulación de la interrupción del embarazo (Ley de ayuda a la embarazada y a la familia)”.

Señores diputados, en el fondo, ¿qué es lo que justifica esta reforma legal? Verán, yo se lo voy a decir con toda franqueza. Hay toda una manera implícita y explícita de entender la convivencia en esta ley que proponemos. Cuando una mujer tiene que tomar la decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo, señoras y señores diputados, puede recibir dos respuestas por parte del Estado. Una de ellas le lanza el Derecho Penal. Le habla a la mujer del miedo: le habla de registros de clínicas, le habla de incautación de expedientes, le habla del asalto a su intimidad, le habla de procesos, le habla de la amenaza de la cárcel. Se lo diré con la misma claridad a ustedes, señoras y señores del Partido Popular: esa es la respuesta de la derecha. Es su respuesta, la respuesta de la represión penal, justamente lo que empezó a ocurrir no hace mucho, en 2007, acuérdense, en los últimos meses de 2007: empezaron con toda una corriente sistemática de actitudes de esta naturaleza. No va a ser posible eso en cuanto esté aprobada esta ley. No va a ser posible en el futuro.

Y la otra respuesta, señoras y señores diputados, habla de algo muy distinto. Verán, señoras y señores, todos sabemos que la decisión de interrumpir el embarazo es una decisión siempre difícil, y a menudo o a veces mucho más que difícil. La convivencia para nosotros, para los socialistas se basa en algo muy elemental: la comprensión de las personas. La comprensión de la situación en la que se hallan las personas, las mujeres en este caso. Por eso nosotros no vamos a arrojar a las mujeres el poder penal del Estado cuando tengan que abortar. No vamos a añadir dolor a la dificultad. Vamos a hacer justo todo lo contrario, y además tenemos la razón con mayúscula. Con todas las mayúsculas: la RAZÓN. ¿Saben por qué? Porque, señoras y señores diputados —se ha hecho alguna alusión aquí a lo largo y ancho de estas intervenciones; en alguna de ellas particularmente—, el poder del Estado existe entre otras cosas para excluir la venganza. Para eso se crea el Estado; y para resolver ponderadamente los conflictos. Y para eso el Estado, el poder público del Estado lo racionaliza y crea entre otras cosas un catálogo de derechos y libertades fundamentales, que efectivamente constituye la moral pública por la que todos, todos los ciudadanos nos regimos. Y para garantizar esos derechos y libertades, esa moral pública crea entre otros instrumentos un Derecho Penal. Pero el Estado de derecho y democrático crea un Derecho Penal de mínimos, señores del Partido Popular, porque cuando el Derecho Penal no es de mínimos, cuando no es indispensable, cuando se excede, corremos el peligro de caer en la tiranía, y de hecho caemos en la tiranía. Lo enseñaron Beccaría, Montesquieu y tantos otros, y lo enseña sobre todo la experiencia y el más precioso destilado de la experiencia: el sentido común. Señoras del Partido Popular, señores del Partido Popular, el Derecho Penal democrático se crea para luchar contra los criminales. Las mujeres que deciden interrumpir su embarazo ¡no son criminales! ¿Por qué quieren seguir castigándolas penalmente? ¿Por qué quieren seguir criminalizándolas? Señoras y señores diputados, con nosotros eso no va a ocurrir, no vamos a permitir su criminalización, no vamos a permitir el castigo penal.

Y por eso vamos a hacer esta ley: para que las mujeres, fundamentalmente las mujeres de este país, estén seguras cuando hagan lo que a veces tienen que hacer, en una situación difícil, dura y compleja. Les vamos a ayudar. No vamos a añadir dolor a sus dificultades.

Una caricatura propia de un populismo barato. Lo que se exigía era el cumplimiento de la legalidad vigente ante las atrocidades que en algunas clínicas abortistas se cometían. Nadie quiere la persecución ni más sufrimiento para ninguna mujer que atraviese trance tan difícil. Es por eso por lo que estamos al lado de la mujer necesitada denunciando la estrechez de miras y la parcialidad de sus propuestas, exigiendo para ella un apoyo integral y reclamando una mayor implicación del Estado en apoyo positivo a la protección de esos seres humanos en gestación y a la maternidad. Reconozcan la dignidad de esos congéneres en gestación y su derecho a la vida, no les abandonen desprotegiéndoles legalmente y no dejen sola y abandonada a la mujer necesitada abocándola al aborto como única alternativa, como ustedes parece querer fomentar.

Aquí traemos una propuesta razonable para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Introduce una seguridad jurídica y sanitaria que no existe en estos momentos, y homologa nuestra legislación con la legislación de la mayoría de los países europeos, ya se lo dije antes. Está bien trabajada técnicamente y es un buen proyecto. Pero, como todo en esta vida, es un proyecto mejorable y nosotros como es natural estamos abiertos a mejorarlo. Hay varios grupos, como bien saben en la Cámara, que están de acuerdo con el nervio central, con el eje central de la ley, con el sistema de plazos e indicaciones y con la despenalización explícita en el cumplimiento de los requisitos legales. Estando de acuerdo en lo principal, señorías, debemos llegar a un acuerdo en lo no principal, porque las mujeres de nuestro país no entenderían que no lo hiciéramos. No lo entenderían, y yo entendería que no lo entendieran. Con varios de estos grupos —ustedes lo saben— llegamos a acuerdos en la subcomisión parlamentaria a la que antes me refería. Respetaremos lo hecho con esos grupos, tengan la seguridad de que lo haremos, pero debemos tratar de ampliar los apoyos a la ley. Estamos abiertos a la negociación en diferentes aspectos, siempre dentro del respeto a las líneas centrales de la ley. Por lo tanto, señor presidente, queremos acuerdos en cuestiones tales como la administración por la sanidad pública de anticonceptivos de última generación, por una regulación sensata de la objeción de conciencia, y en un tema que desde mi punto de vista se ha desmesurado indebidamente. Me refiero a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres de 16 y 17 años y la relación con sus padres.

¿Qué ocurre con esto? El asunto nunca fue problemático entre 1985 y 2002, hasta que Aznar lo cambió —hizo una excepción solo para el supuesto de la interrupción voluntaria del embarazo—, y quiero plantearles la cuestión con toda franqueza, señoras y señores diputados. Esta ley no prohíbe —ni esta ni ninguna ley podría hacerlo— que las hijas hablen con los padres. Puede parecer una obviedad, pero prefiero decir esta obviedad a la vista de la cantidad de manipulaciones que determinados actores del debate público han tratado de introducir en ese debate público, pervirtiendo el sentido común. Por consiguiente, las hijas que tengan una relación normal con los padres —y nadie duda de que es el caso de la inmensa mayoría— seguirán teniéndola, y les contarán sus problemas o lo que sea. Lo que pasa, señorías, es que hay mujeres de 16 ó 17 años —todos lo sabemos— que no tienen esa relación normal, sino todo lo contrario, y corren el peligro, en el caso de que tuvieran que revelar situaciones fuertemente reprimidas en su medio, de padecer presiones, persecuciones violentas, malos tratos o quizá algo peor, señoras y señores diputados.  Y todos sabemos que si a esas mujeres no les damos una salida legal, si las obligamos a contarlo, optarán por acudir a circuitos clandestinos de aborto, y en ese caso, señoras y señores diputados, nosotros mismos estaríamos frustrando la aplicación de la ley, de la misma ley que estamos aprobando. Reflexionen, por favor, acerca de ello y tratemos de llegar a un acuerdo también en este punto.

Las mujeres de nuestro país entenderían muchísimo mejor, además, un apoyo real, integral y positivo a su situación cuando se encuentran en tan difícil trance, como de hecho ya hacen anónimamente algunas entidades e instituciones de la sociedad civil, por cierto sin apenas apoyo del Estado. Ponerse en lugar del otro: sí cierto, pero… de qué otro? No se queden a medio camino, amplíen sus horizontes perceptivos, abandonen su verborrea barata y sean consecuentes con su ideología de igualdad y de apoyo al más débil, declaren explícitamente que reconocen el valor incondicional de esos seres humanos en gestación, reconozcan su dignidad a pesar de que todavía no puedan disfrutar de una vida independiente. Nuestra empatía, nuestra capacidad de ponernos en lugar del otro va incluso más allá, y abarca, no se detiene en el apoyo unilateral a una de las partes, se extiende hasta quien es más débil y se encuentra indefenso,  por eso desde nuestra posición reclamamos su protección y reivindicamos su defensión, parte que ustedes de hecho quieren ignorar, como si no existiera.

Señora ministra de Igualdad del Gobierno de España, cuando la escuchaba antes y oía alguna intervención posterior recordaba haber leído una cosa de Charles Taylor, que decía algo así como que la democracia es al final de todo ponerse en el lugar del otro. Yo mismo trataba de decirlo al principio de mi intervención: es comprender al otro, comprender al prójimo, comprender el sufrimiento de los demás. Las mujeres han sufrido mucho históricamente y usted está haciendo muchas y buenas cosas para que eso definitivamente en este país deje de ser así, muchas y buenas cosas. A usted, señora ministra, que comprende a las mujeres y que esto lo está haciendo por ellas —quiero decirle que está haciendo algo bueno, que está haciendo lo correcto, que está haciendo lo justo—, se le han dicho cosas tremendas. Yo he oído cosas tremendas de la ministra de Igualdad del Gobierno de España, inaceptables. Hoy mismo en esta tribuna hemos escuchado de parte del Grupo Popular algo inaceptable referido a su persona, pero quiero decirle, señora ministra, que cada vez que nuestros diputados y yo oímos una cosa inaceptable su figura se agranda, y la estima que le tenemos se agranda exponencialmente. Quiero decírselo expresamente.

Señor presidente, señoras y señores diputados, acabo ya y lo haré sin demasiada retórica. Solo necesito los segundos necesarios para reconocer, en nombre de los socialistas, el esfuerzo de tantos años de las mujeres que han hecho posible este momento. Muchas gracias a todas.

En definitiva, en todo este planteamiento hay un grave error de fondo, un grave problema de percepción como consecuencia de la ceguera a la que nos ha sometido una mentalidad dominante, que va atrofiando progresivamente nuestra vinculación con el sentido común, que nos impide sobreponernos a las vendas que nos imponen unos tiempos y una sociedad que ha situado la consecución  del bienestar material como el principal motor que mueve nuestras vidas. Pero frente a esos acicates y ante  tanta parafernalia dominante las personas sensatas intentan conservar su independencia de criterio, su libertad, y mantienen valores y principios dignos por los que luchar, moverse y continuar rigiendo sus vidas.

El chirriante progresismo que ustedes pretenden enarbolar, muy propio de los tiempos modernos pero de escaso recorrido en términos civilizatorios, desvirtúa el debate  focalizando la atención y su principal preocupación en aspectos como la de dar seguridad jurídica a las partes, el garantizar el derecho al aborto pero no con el mismo ímpetu la promoción de alternativas al mismo,  la homologación con los países del entorno, etc. Pero en toda esta cuestión hay un gran ausente, aquí hay un gran olvidado y éste no sólo es el padre. Ese gran ausente que ustedes pretenden orillar y que nosotros nos esforzamos en destacar. 

Para ustedes en esta historia existe solo una parte, a la que se esmeran en dar todas sus garantías y afianzar su seguridad jurídica. Se olvidan, sin embargo, de  una de las partes en liza, de la otra parte, de la parte más débil e indefensa, ninguneándola, obviándola, banalizándola, desprotegiéndola legalmente, como si no existiera, como si de algo insignificante se tratara, la más necesitada de protección, abandonándola al  arbitrio de la voluntad individual de la gestante. La voluntad y el derecho a la autodeterminación de la madre se han de respetar pero no habrá que olvidar que bajo este principio teórico pueden proliferar las peores sumisiones y servidumbres.

 La parte más débil por la que apuesta la «cultura de la vida»
de la que forman parte entidades y organizaciones civiles que, además de estar realmente al lado de la mujer necesitada ofreciéndole su solidaridad y apoyo incondicional, con los escasos recursos de los que disponen,  también apuestan por la protección y la dignidad del que va a nacer, aunque se encuentre en sus primeras fases de desarrollo.

En conclusión, ustedes se han confundido de víctima, han olvidado a la verdadera víctima. Su “receta” es un reflejo de la estrechez de miras de su proyecto social, por la parcialidad en sus planteamientos, por la ausencia de propuestas positivas en favor de la vida del no nacido y de un apoyo real e integral a la mujer necesitada y porque el mensaje subliminal que en el fondo transmiten a la juventud y a toda la sociedad en general con su propuesta de “barra libre” constituye un ejemplo nada edificante para la educación de una ciudadanía y el futuro de una sociedad que espera de sus dirigentes políticos una mayor altura de miras y que aspira a regirse por valores más dignos que los que ustedes nos proponen en su proyecto de sociedad.

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